Las explotaciones de hidrocarburos y metales que se oficializaron en Colombia a partir del mediado siglo XIX, cuyos productos: oro, petróleo, carbón, níquel, diamantes, esmeraldas, asbesto, hierro y otros, se han utilizado como lujo, combustibles y materia primas para elaboración de productos generando muchísimos recursos económicos a los operadores más que a los territorios, estados o naciones que han sido aprovechadas para sacarle el jugo, en bien para algunos y mal en otros.
Los hidrocarburos se constituyeron en prioridad absorbente y necesaria para la movilización y generación de energía, indispensable en el uso domestico, comercial e industrial, convirtiéndose en insumo a la corrupción y provocación de conflictos bélicos, como las guerras derivadas del petróleo.
Las riquezas originadas de explotaciones mineras quedaron en anotaciones de los registros referenciados en antecedentes históricos, dejando averiado y destruido el medio ambiente, el ecosistema y la biodiversidad sin reparación de daños y perjuicios que causan las operaciones de extracciones mineras. Los mandatarios corruptos en nada les importaban ni les importan las consecuencias que provenían de las explotaciones, sino de los beneficios personales y lucrativos que obtienen en el cuarto de hora de sus mandatos, pignorando y endeudando las naciones, amparándose en las regalías que ingresan a las arcas del patrimonio nacional para despilfarrarla los gobiernos de turnos, con las aprobaciones y apoyos de congresistas o parlamentarios compartiendo beneficios.
En Colombia los mayores ingresos presupuestales se originan del petróleo, carbón y oro, sujetándose únicamente los gobiernos en los diferentes periodos a las dependencias, desaprovechando direccionarse a las explotaciones agrícolas y el turismo, financiadas con recursos económicos de fuentes de minería. Café, banano y flores son tres productos agrícolas que sacan la cara por el país, le está siguiendo en la cola ahora el aguacate pero están siendo últimamente descuidados y desatendidos cuando deberíamos promover por lo menos unos quinces productos agrícolas de Colombia, los cuales sirven para generar empleo masivos, cuando se disponen de muchos espacios terrenales o prediales apropiados para las explotaciones de alimentos, necesarios para la nutrición humana, animal o producción medicinal, a base de cannabis, así como muchos frutos naturales, cultivando en forma y de manera tecnificadas para la industrialización y ofertas en el comercio exterior, exportando mediante acuerdos de comercio internacional.
El Gobierno nacional solo se ocupa de invertir en los distritos de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena, calificándolas como las más importantes como si el resto del país no sirviera para nada y estuviésemos parasitando de los citados distritos, de estirpe centralista, nacional y regional, estando equivocados con pensamientos obstruidos y mentes atrofiadas.
Es improcedente e ilógico que se cercenen y violen el derecho fundamental de disentir en protección de contaminación y a gozar de un ambiente sano en la Honorable Corte Constitucional. Estado no sólo significa nación, puede ser territorio jurisdiccional, tales como: departamentos, municipios o resguardo indígena. Que el subsuelo sea de la Nación, no da derecho absoluto para destruir el suelo y el medio ambiente, contaminando las aguas y el aire. Tampoco para destruir el ecosistema ambiental como está ocurriendo en los territorios de explotación minera.
Las explotaciones mineras llegan a su fin porque han desajustado el globo terráqueo, generando los cambios climáticos que nos ahogan con altas temperaturas, que pueden carbonizar secando fuentes hídricas y matando la flora y las faunas, transformadas las erosiones en desiertos a la espera de facturas sismológicas, que nos tocará pagar justos por pecadores. De los años cincuenta hasta el final del siglo XXI, se vivirán situaciones terribles, no obstante ponerle fin al uso del petróleo, carbón y se hayan implementado las energías alternativas, para amortiguar el daño irreversible.
El final de las explotaciones mineras de hecho va a conllevar a masacre laboral. Algunos se retirarán pensionados pero enfermos, que de poco le servirá la pensión para gozar el disfrute. A otros les darán dineros para que se las averigüen en las calles. Los despidos han sido sorpresivos en volumen masivos sin que se hubiese preestablecido un puente de transición y adaptación.
Los departamentos de La Guajira y el Cesar deberán comenzar a prepararse de las masacres laborales que se nos vienen encima en la década que parte desde el año 2020.
En los programas de candidatos a las gobernaciones y alcaldías, ni siquiera se perfilaron por los aspectos negativos, que conlleva el desempleo, para implementar los soportes de contingencias que mitiguen circunstancias previstas.
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