El presidente Abelardo De la Espriella firmó el Decreto 1585 del 22 de octubre, mediante el cual su Gobierno estableció un recorte de $13,8 billones al gasto público,…
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El presidente Abelardo De la Espriella firmó el Decreto 1585 del 22 de octubre, mediante el cual su Gobierno estableció un recorte de $13,8 billones al gasto público, con el propósito de reducir las presiones sobre las finanzas estatales. La decisión se conoce luego de que el Congreso aprobara el Presupuesto General de la Nación para 2027, por un monto de $634,95 billones, en medio de las dificultades fiscales que enfrenta el país. Según explicó el mandatario, el ajuste se concentrará en los gastos de funcionamiento de las entidades públicas, el servicio de la deuda y los recursos destinados a proyectos que no se ejecutarían o que no figuran entre las prioridades de su administración.
De acuerdo con el desglose presentado por el Ejecutivo, $3 billones del recorte corresponderán a gastos de funcionamiento, mediante la reducción de contratos de prestación de servicios y la eliminación de compras consideradas innecesarias. Otros $4 billones se descontarán del servicio de la deuda pública, ahorro que el presidente atribuyó a una mejora en la tasa de cambio. Los $6,8 billones restantes se ajustarán en el rubro de contratación, particularmente en proyectos que no alcanzarían a ejecutarse o que no están contemplados entre las prioridades gubernamentales. Estas tres partidas conforman la reducción total anunciada por el jefe de Estado, quien defendió la medida bajo criterios de austeridad y uso responsable de los recursos públicos.
El mandatario sostuvo que el dinero de los colombianos debe manejarse con responsabilidad, transparencia y control del gasto, e insistió en que el Estado debe optimizar el uso de sus recursos. El ajuste presupuestal contempla modificaciones en las asignaciones de distintas entidades nacionales y sectores, entre ellos transporte, infraestructura, agricultura, vivienda, ambiente, cultura y programas sociales. La medida también incluye partidas destinadas a inversiones regionales y proyectos de infraestructura que deberán ser revisados por las entidades responsables para determinar cuáles asumirán las reducciones.
En el sector transporte, entre las entidades que tendrán ajustes presupuestales aparecen el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Aeronáutica Civil. Los cambios también podrían incidir en recursos destinados a iniciativas de inversión regional, de acuerdo con la distribución establecida en el decreto. Cada organismo deberá identificar las partidas específicas que serán objeto de reducción y comunicar esa información al Ministerio de Hacienda dentro del plazo previsto en la disposición, con el fin de precisar cómo se aplicará el ajuste en cada presupuesto institucional.
La norma establece, además, que las reducciones no podrán desconocer los compromisos adquiridos legalmente con cargo al presupuesto vigente. De esta manera, las entidades deberán definir los ajustes correspondientes sin afectar las obligaciones que ya cuentan con respaldo legal. La aplicación del decreto marcará la revisión de diferentes rubros del gasto estatal, mientras el Gobierno busca disminuir las presiones fiscales y reorganizar los recursos disponibles.
