La Guajira no puede seguir entendiendo el conflicto social únicamente cuando una vía ya está cerrada. Tampoco puede acostumbrarse a que cada inconformidad termine convertida en bloqueo, ni a que el diálogo llegue tarde, cuando ya hay pérdidas económicas, tensión institucional, afectación a terceros y desgaste de las comunidades.
Durante años, las vías del Departamento se convirtieron en el escenario de reclamos acumulados: incumplimientos del Estado, tensiones con empresas, solicitudes comunitarias, conflictos étnicos, exigencias laborales, problemas de servicios públicos y demandas históricas sin respuesta oportuna. Pero también hay que decirlo con claridad: ninguna sociedad puede normalizar que la vía de hecho sea el camino ordinario para hacerse escuchar.
Por eso, la creación de la Unidad de Diálogo Social de La Guajira, iniciativa del gobernador Jairo Aguilar Deluque y liderada desde la Secretaría de Gobierno departamental, representa una decisión política de fondo: pasar de la reacción a la prevención; de la imposición a la escucha; de la confrontación al relacionamiento; y de la vía de hecho a la construcción de acuerdos.
La Guajira es hoy el único Departamento del país que cuenta con una Unidad de Diálogo Social de carácter departamental. Esa condición no debe asumirse con vanidad, sino con responsabilidad. Ser pioneros significa demostrar que el diálogo puede ser una herramienta seria de Gobierno, no una respuesta improvisada ante la crisis. Gobernar no es solamente ejercer autoridad; también es crear canales para que los conflictos no escalen hasta afectar el orden público.
Esta Unidad no nació para justificar bloqueos. Nació para evitarlos. No nació para debilitar la autoridad. Nació para darle inteligencia institucional. No reemplaza a la Fuerza Pública, a las alcaldías, a los ministerios, a los organismos de control ni a las empresas. Su propósito es articularlos. Entender, atender y prevenir la conflictividad social mediante presencia territorial permanente, relacionamiento directo con las comunidades, diálogo responsable con el sector privado y coordinación real con las instituciones.
Pero el diálogo no puede significar ausencia de autoridad. El Estado tiene el deber de escuchar, mediar y prevenir, pero también tiene la obligación de hacer respetar los derechos de todos. La autoridad legítima no es enemiga del diálogo; por el contrario, le da seriedad, equilibrio y garantía. Cuando una protesta deja de ser pacífica, cuando se vulnera la movilidad, se afecta el trabajo, se impide el abastecimiento, se pone en riesgo la vida o se desconocen los derechos de terceros, el Estado no puede permanecer inmóvil. En esos casos, y cuando las condiciones lo ameriten, debe actuar con firmeza, dentro de la Constitución y la Ley.
La importancia de esta estrategia está en que interpreta correctamente la complejidad de La Guajira. Aquí conviven comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas; empresas minero-energéticas; autoridades tradicionales; instituciones nacionales, departamentales y municipales; corredores turísticos, fronterizos y comerciales; y una ciudadanía que muchas veces siente que solo es escuchada cuando bloquea. Esa realidad no se resuelve con discursos, ni con actas que nadie cumple, ni con presencia institucional tardía. Se resuelve con método, seguimiento, confianza y autoridad.
Los datos muestran la gravedad del problema. Según el Bloqueómetro de Colfecar, entre enero y septiembre de 2025 Colombia registró 700 bloqueos en vías nacionales, generando 10.930 horas de afectación, equivalentes a 455 días de pérdida de productividad. El impacto económico para el sector transporte ya asciende a $1,9 billones en 2025.
En La Guajira el fenómeno también ha sido sensible. Solo entre enero y febrero de 2025, el Departamento registró 11 bloqueos, ubicándose como el tercero con más cierres en ese bimestre. En 2024, La Guajira cerró el año con 53 bloqueos, siendo el quinto departamento más afectado del país. Estas cifras no son simples estadísticas: detrás de cada cierre hay transportadores detenidos, trabajadores afectados, empresas paralizadas, turistas represados, pacientes en riesgo, estudiantes perjudicados y comunidades enteras sometidas a la incertidumbre.
Por eso no se trataba simplemente de reaccionar ante cada bloqueo. Se trataba de construir una estrategia. Y allí la Unidad de Diálogo Social comenzó a mostrar resultados. Desde su puesta en marcha, los hechos asociados a bloqueos y vías de hecho han disminuido en un 49%, según el seguimiento institucional del Departamento. Ese dato no significa que el problema esté resuelto, ni que debamos cantar victoria, pero sí demuestra que cuando el Estado llega antes, escucha mejor, articula actores y hace seguimiento a los compromisos, la conflictividad puede tramitarse de una manera distinta.
Ese resultado también ha sido reconocido por el Gobierno nacional. El ministro de Defensa y el viceministro para el Diálogo Social destacaron esta acción como una experiencia importante para enfrentar la conflictividad social desde la prevención y la articulación institucional. No es un reconocimiento menor. Significa que La Guajira, tantas veces mirada desde sus problemas, hoy también puede mostrarle al país una herramienta concreta para transformar conflictos en conversaciones y conversaciones en soluciones.
Además, la Unidad empieza a ganar legitimidad porque ya no solo la ofrece el Gobierno: también la pide la comunidad. Cuando los ciudadanos reconocen que existe un canal institucional serio, con presencia, método y seguimiento, se abre una posibilidad distinta a la presión sobre la vía.
Pero también hay que decir algo incómodo: al Departamento le ha tocado luchar contra una interpretación excesivamente flexible de las vías de hecho desde algunos sectores del Gobierno nacional. En nombre de la protesta pacífica, muchas veces se terminó enviando un mensaje confuso a las comunidades: que bloquear una vía, impedir la movilidad, afectar a terceros o paralizar actividades económicas podía entenderse como una simple forma de manifestación. Esa confusión hizo daño.
La protesta pacífica es un derecho constitucional, pero el bloqueo prolongado no puede convertirse en patente para vulnerar otros derechos. Defender la protesta social no significa tolerar cualquier vía de hecho. Una cosa es marchar, reclamar, exigir y hacerse escuchar. Otra muy distinta es impedir el paso de ciudadanos, afectar trabajadores, comerciantes, transportadores, turistas, pacientes, estudiantes y comunidades enteras.
