Por José Carlos Molina Becerra
¿Cree usted que todos los periodistas en Colombia cumplen con lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Nacional, el cual garantiza el derecho a informar y a recibir información veraz e imparcial? Esta pregunta que puede resultar incómoda para algunos, es fundamental en un momento en el que la credibilidad de los medios de comunicación y la ética periodística están en el centro del debate público. En mi opinión, la respuesta no es sencilla, y es por eso que quiero compartir algunas reflexiones al respecto.
La libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia y una de las bases sobre las cuales se erige el Estado Social de Derecho. En Colombia, este derecho está consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política, el cual establece que todas las personas tienen el derecho a expresar y difundir su pensamiento y opiniones, a informar y recibir información veraz e imparcial. No obstante, en la práctica, surgen diversos cuestionamientos sobre si los medios de comunicación y el Estado garantizan efectivamente este derecho, o si, por el contrario, se han convertido en instrumentos de manipulación de la opinión pública.
La garantía de recibir información veraz e imparcial no solo implica la ausencia de censura previa, sino también la obligación de que la información transmitida a la ciudadanía sea objetiva, basada en hechos comprobables y libre de sesgos que favorezcan intereses particulares. Sin embargo, la realidad muestra que en muchos casos la información que llega al público está distorsionada, responde a intereses políticos o económicos, y es utilizada para moldear la opinión de los ciudadanos según conveniencias particulares.
El artículo 20 de la Constitución es claro en su mandato: la información debe ser veraz e imparcial. Esto significa que los ciudadanos tienen derecho a conocer la realidad de los acontecimientos sin manipulaciones, interpretaciones tendenciosas o tergiversaciones. La información es un bien público y como tal, debe garantizarse en condiciones de transparencia y equidad. Además, para que las sociedades modernas se desarrollen, necesitan veracidad en la información y así poder tomar decisiones, sociales, económicas y políticas fundamentadas en la verdad.
Sin embargo, en la práctica encontramos que en muchos casos algunos medios de comunicación actúan como agentes de poder más que como garantes de la verdad. En un mundo donde el control mediático está concentrado en pocas manos, la información se convierte en un instrumento de dominación que favorece a ciertos grupos de interés y excluye otras voces. Esto plantea un serio problema para la democracia, ya que, sin una información libre, veraz e imparcial, los ciudadanos no pueden tomar decisiones fundamentadas ni ejercer su derecho a la participación política de manera efectiva.
La responsabilidad de los medios de comunicación
El periodismo tiene un rol fundamental en la construcción de la democracia. Su función no es solo informar, sino también fiscalizar el poder, exponer las injusticias y garantizar que la ciudadanía tenga acceso a la verdad. Sin embargo, cuando los medios responden a intereses políticos o económicos, su papel se desvirtúa, convirtiéndose en una herramienta de manipulación más que en un medio para la libre difusión de la información. Basta mirar la línea editorial de las grandes corporaciones mediáticas del mundo en general y de Colombia en particular. Ejemplo de ello, medios como Caracol, RCN radio y televisión, revistas Semana, entre otras, que responden más a intereses económicos y políticos y pierden su veracidad e imparcialidad en la información que ofrecen a los colombianos.
Por esa razón hemos visto cómo algunos medios han sido instrumentalizados para beneficiar ciertas corrientes ideológicas o políticas, promoviendo narrativas que favorecen a determinados sectores y desacreditando a sus opositores. La selección de noticias, la forma en que se presentan los hechos y el lenguaje utilizado pueden influir de manera significativa en la percepción de la realidad. Esta práctica no solo vulnera el derecho a la información veraz e imparcial, sino que también socava la confianza de los ciudadanos en los medios de comunicación y en las instituciones democráticas.
En honor a la verdad, hay que decir también, que algunos medios de comunicación en Colombia han establecido mecanismos de autorregulación, como códigos de ética y manuales de estilo, buscando garantizar la veracidad y la imparcialidad en la información que difunden, sin embargo esa autorregulación sucumbe muchas veces ante el interés supremo de los dueños de los medios.
La libertad de expresión y sus límites
La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no es absoluto. Como cualquier otro derecho, tiene límites que buscan proteger otros derechos igualmente fundamentales, como el derecho al buen nombre, la intimidad y la dignidad humana. En este sentido, la responsabilidad social de los medios de comunicación es clave para garantizar un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La Corte Constitucional ha sido clara en señalar que la información que se transmite debe ser veraz e imparcial. Esto significa que los medios de comunicación deben asegurarse de que los hechos que reportan sean ciertos, verificados y no tergiversados. Además, deben evitar el uso de un lenguaje que induzca al error o que busque manipular la percepción de los ciudadanos. Cuando un medio difunde información falsa o sesgada, no solo está incumpliendo con su responsabilidad social, sino que también está vulnerando el derecho fundamental de la ciudadanía a recibir información veraz e imparcial.
En la actualidad, la protección del derecho a recibir información veraz e imparcial enfrenta limitaciones en cuanto a su exigibilidad jurídica. Aunque desde el punto de vista de la reclamación del derecho, por tratarse de un derecho fundamental, el medio idóneo para reclamar sería la acción de tutela, pero si el derecho fundamental que se reclama como fundamental no afecta o amenaza directamente a la persona, esta reclamación jurídica vía tutela no estaría llamada a prosperar ante el juez de tutela.
Mientras no se clarifique su alcance como derecho fundamental o se incluya como derecho colectivo, los ciudadanos tendrán dificultades para reclamarlo directamente mediante tutela o acción popular. Por ello, es necesario un diálogo entre la Corte Constitucional, el Congreso y la sociedad civil para fortalecer los mecanismos de protección de este derecho esencial para la democracia y el bienestar social, guardando siempre el equilibrio perfecto que no atente contra la libertad de opinión y la profesión del periodismo.
Asimismo, es importante que el Estado promueva la pluralidad de voces en los medios de comunicación. La concentración de la propiedad de los medios en pocas manos limita la diversidad informativa y favorece la propagación de narrativas homogéneas que pueden distorsionar la realidad. En una democracia saludable, es fundamental que exista un ecosistema mediático diverso, en el que todas las voces tengan cabida y donde la información se presente de manera objetiva y balanceada.
La libertad de expresión es un derecho esencial para la democracia, pero no puede ser utilizada como una excusa para la manipulación de la información. La garantía de recibir información veraz e imparcial es un derecho fundamental que debe ser protegido y exigido por todos los ciudadanos. La manipulación de la información no solo distorsiona la percepción de la realidad, sino que también socava la confianza en las instituciones democráticas y debilita el ejercicio de la ciudadanía.
Es responsabilidad de los medios de comunicación ejercer su labor con ética, asegurando que la información que difunden sea objetiva, verificable y libre de sesgos. Al mismo tiempo, el Estado debe garantizar un entorno en el que se respete el derecho a la información, promoviendo la pluralidad de voces y asegurando mecanismos efectivos para la rectificación de informaciones falsas.
Como ciudadanos, tenemos el deber de exigir información veraz e imparcial. No podemos conformarnos con la manipulación mediática ni con la tergiversación de los hechos. La verdad es un derecho, y la información, cuando es veraz y objetiva, fortalece la democracia y el Estado de derecho. Solo así podremos construir una sociedad más informada, crítica y participativa.
