El Código Iberoamericano de Ética Judicial dice que el Juez con sus actitudes y comportamientos, debe poner de manifiesto que no recibe influencias -directas o indirectas- de ningún otro poder público o privado.
En efecto, en Colombia ni la ley, ni el legislador le va a dar valor a su sentencia. El juez dará las garantías por medio del impacto que el medio probatorio le produzca en su convencimiento. La libre apreciación o apreciación racional impera en nuestro ordenamiento procesal. Consiste en dejar al juez la facultad de establecer el grado de convicción o credibilidad de cada medio probatorio y de todos en conjunto.
Ahora bien, los jueces y fiscales vienen haciendo una serie de programas de fortalecimiento de la imagen de la justicia por medio del Colegio de Jueces y Fiscales de varios departamentos de Colombia con el cual pretenden aportar a la solución del problema de justicia que hoy tenemos los colombianos. Entre otros, desde el departamento del Atlántico los jueces y fiscales se centraron en el programa de “Fortalecimiento de la Imagen de la Rama Judicial y de su servidor judicial”.
Por otra parte, los días 14, 15 y 16 de agosto de 2019 se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá el XXVIII Simposio Nacional de Jueces y Fiscales realizado por la Federación Nacional de Colegios de Jueces y Fiscales con una visión de: “hacer más eficientes los servicios de la rama judicial en el país” y con la misión “con decisión la justicia tendrá opción”.
No obstante, el problema de la justicia en Colombia tiene dos frentes a solucionar, el primero es desde la parte penal donde los jueces debido a las leyes actuales se ven obligados a dejar en libertad a los implicados en delitos como robos y atracos. Y, Segundo, desde la parte civil donde la morosidad judicial tiene incrédulos a los colombianos.
Pero, en muchas ocasiones cuando tratamos de reformar la justicia nos centramos en hacer cambios como: cerrar el Consejo Superior de la Judicatura,la conformación de un órgano que juzgue a los magistrados de las Altas Cortes, reformar el aumento de las inhabilidades para los magistrados luego de retirarse del cargo, la forma como se elige al Procurador y al Auditor General, la obligación a los jueces de acatar las sentencias de unificación de las altas Cortes y se le ha hecho intentos de reformar el uso de la tutela por ser la causante de la congestión y morosidad judicial.
Como en la realidad las soluciones deben ir encaminadas a que el principio de celeridad se active, que los colombianos no tengan que ir a denunciar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aumentar el número de jueces y fiscales requeridos para una eficiente prestación del servicio, endurecer las penas para enviar a la carcel a delincuentes de bandas, ladrones y atracadores para que los ciudadanos no tomen justicia por su propia mano, la necesidad de un presupuesto que permita fortalecer el órgano judicial invirtiendo en cuerpos de investigación idóneos;estamos esperando con ansias que los jueces y fiscales de la Nación entreguen a la opinión publica las conclusiones del simposio con lo que ellos consideran es lo mas importante y urgente que se debe cambiar y mejorar para que la justicia sea mas eficiente.
Para concluir, la reforma debe estar encaminada a solucionar los problemas del ciudadano del común para que regrese la confianza, el respeto, la credibilidad en la justicia y en jueces y fiscales.
