Juan Manuel Santos decide intervenir a La Guajira por tres años a través del Conpes 3883 de 2017; su intención con esta medida no era evitar la extinción de los infantes indígenas que por miles han muerto y siguen muriendo en La Guajira, aunque sus decesos hoy día no tengan el despliegue noticioso de otros años.
Su principal intención era desviar la atención de los escándalos de la mega corrupción, los que se acrecentaban en los primeros meses de su segundo mandato, y pone en acción una jugada maestra de las que él siempre se ha ufanado, cuando habla de su habilidad en el juego de póker; ya que por un lado, vende la idea de atacar la corrupción en la que el país se asoma de puntero, según la Fundación Transparencia Internacional, la cual él localizaba en este ente territorial; por el otro lado en apariencias vendía también la idea que “cumplía” a nivel internacional con las medidas cautelares de la Cidh y otras órdenes judiciales del Consejo de Estado y Tribunales que emitieron fallos amparando los derechos de los niños guajiros .
Terminado el primer periodo de intervención, a un exorbitante costo de $28.000.647 millones en su primera fase, el gobierno de Iván Duque Márquez a través del Conpes 3984, prorrogó por dos años más las medidas intervencionistas de su antecesor, en una clara confesión de sus propias culpas, al solo superar, en un pequeño porcentaje, las condiciones de riesgo que se adujeran para intervenirnos en el 2017, por lo que he venido sosteniendo que de continuar el actual gobierno de Duque sin comprender lo que en este territorio ocurre, nos pondrá a añorar un gobierno de tan ingrata recordación para los guajiros; ese que junto al actual presidente le censuramos y criticamos a Juan Manuel Santos. Se postergan por el momento las promesas hechas por Duque en las correrías de su campaña presidencial cuando vino a La Guajira y nos dijo que saldaría la deuda histórica que el país tiene con este departamento.
Los guajiros queremos ver superados nuestros problemas estructurales de pobreza y lo de menos es quien lo haga, ya que si esta se estuviera disminuyendo y no acrecentándose con la intervención, seríamos los primeros en solicitar su extensión y permanencia; pero no podemos quedarnos callados ante las cifras que revelan sin tapujos que esa no es la vía para la superación de la pobreza extrema que amenaza con la extinción total de la población de este territorio de la patria, que cada día más lo azota este flagelo.
Encontrar afirmaciones en el nuevo Conpes, como las de que después de tres años de estar la salud regentada por el Gobierno nacional, de las 27 condiciones de riesgo sólo se cumplieron 8, es una prueba más del evidente fracaso del modelo Santos para La Guajira y que Duque inconsecuentemente replica.
Llama la atención que en educación en donde se reconocen avances en el nuevo Documento Conpes, y que se sabe que lo único que faltó para superar los riesgos fue el diligenciamiento del FUT, y que esto no amerita siquiera un plan de desempeño, la medida se extienda en las mismas proporciones y condiciones de los demás sectores donde no se avanzó, aduciendo “que no se cumplieron las condiciones necesarias para la reasunción de las competencias reflejado en que ninguna de las entidades territoriales tuvo un porcentaje de cumplimiento superior al 60%, y que esto pone en evidencia la falta de capacidad instalada de las entidades territoriales para continuar con la cobertura y prestación del servicio”, pero que descaro al afirmar lo anterior: ¿acaso las entidades territoriales no fueron reemplazadas por ellos para corregir estas y otras falencias? De igual forma se refieren a la alimentación escolar en una falsa motivación de este documento, cuando son ellos los que han contratado el suministro de alimentos a los niños y niñas de La Guajira.
Capítulo aparte merece el sector de agua potable, cuando se argumentó que se intervenía por la poca ejecución de sus recursos y que nuestros niños se morían de sed y habíamos dejado acumular 39 mil millones de SGP de agua en el FÍA y ello era inaceptable, pásmense que tres años después, teniendo la Asunción Temporal en sus manos el manejo de esos recurso ya no son 39 mil millones; sino 68 mil millones los que NO se han podido ejecutar y la ñapa es que en ventanilla única del Mvat no se ha visibilizado un solo proyecto para acueductos y lo que se han contratado no ha sido para suministrar el vital líquido; si no para estudios y consultorías.
Y lo advertí como diputado en el año 2017, cuando se firmó el Conpes 3883 y dije que los riesgos por lo que se intervenía a La Guajira no serían superados por la sencilla razón que los recursos de SGP intervenidos, que suman alrededor de $825 mil millones al año, en un 87 % son recursos de funcionamiento, destinados al pago de los sueldos de los docentes y administrativos de dichos sectores y que si el gobierno no incluía recursos frescos para inversión y así superar los problemas de falta de cobertura y calidad de los tres sectores, los resultados serían los mismos.
Los hechos hoy me dan la razón, cuando se leen las motivaciones para extender la intervención, de la que hoy digo que será indefinida para este departamento ya que no habrá manera de superarlas si no se le inyectan recursos al burlesco Documento Conpes 3944 del 4 de agosto de 2018, que tres días antes de terminar su gobierno firmó para este departamento el presidente Juan Manuel Santos, el cual está presupuestado en 1.77 billones de pesos, aportes estos que deberán realizarlos las entidades comprometidas entre los años 2018 al 2022; pero ni el gobierno de Santos que lo sancionó le apropió un solo peso, ni en lo que va corrido de Duque tampoco, convirtiéndose dicho Conpes hasta el día de hoy en letra muerta.
Lo cierto es que no puedo asegurar quienes ganan con estos Conpes amañados, pero lo que si sabemos que el perdedor es todo el pueblo guajiro, por lo que hago una invitación sana y pacífica a mis paisanos, a que se haga sentir nuestro descontento ante estos hechos.
