La actual crisis por la que atraviesa el país y el mundo tiene tres aristas, la de la salud, la de la economía y la social, interrelacionadas entre sí, de modo tal que la una sigue la suerte de las otras. El premio Nobel de Economía Amartya Sen lo ejemplifica muy bien: “si bien la presencia del virus mata gente, la ausencia de sustento también lo hace”. Dicho de otra manera, sin vida no hay economía y la plata para salvar vidas sale de la economía, son dos variables de una misma ecuación.
Estamos en medio de una encrucijada en la que, como lo dice el más reciente Informe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, “están en juego muchas vidas y muchos medios de subsistencia perdidos”. Y añade que “el Covid-19 es potencialmente catastrófico para millones de personas que ya están pendiendo de un hilo” por la falta de empleo e ingreso.
Siempre es bueno dar un vistazo hacia atrás, para saber de dónde venimos, porque, como lo afirma Humberto Eco, “si uno se entera de lo que ha pasado, muchas veces entiende lo que puede suceder”. A la hora de analizar la coyuntura actual, sobre todo en lo atinente al desempeño de las desastradas economía y las finanzas públicas, la línea del menor esfuerzo es endilgarle la causa y sus consecuencias a la pandemia del Covid-19.
Pero, la pandemia sólo sirvió de detonante y catalizador a la vez, toda vez que la economía global no había terminado de reponerse de la honda crisis financiera de los años 2008 y 2009. Entre tanto, las economías de Latinoamérica estaban en plena resaca, después de embriagarse con el largo ciclo de precios altos de los commodities, 2003 – 2012, para los productos mineros y 2003 – 2014 para el petróleo. De allí que, después de muchos años durante los cuales el promedio de crecimiento de la economía de la región se situaba por encima del crecimiento promedio de la economía global, se invirtieron los papeles y desde entonces su crecimiento ha estado por debajo de dicho nivel.
Mientras se navegaba con el viento a favor se logró bajar los deplorables índices de pobreza en la región. En Colombia particularmente, para el año 2003, casi el 59% de las personas encuestadas se percibían pobres, mientras que en el 2016 este porcentaje disminuyó a 39,6%. Pero, como lo que por agua viene por agua se va, en el año 2008 se revirtió esta tendencia al pasar del 26.9% en 2017 al 27% en 2018, 190.000 habitantes cayeron en la trampa de la pobreza. Además, un logro muy importante como fue que el porcentaje de clase media, 31%, superara el porcentaje de pobreza, el 40% de ella se tornó vulnerable, con un pie en la clase media y el otro pie en la pobreza.
En muy buena medida este retroceso en los indicadores sociales se debió a la desaceleración del crecimiento de la economía, pasando del 6.9% en 2011 al 3.3% en 2019; además, después de ostentar un crecimiento potencial del 4.5% en 2012, a poco andar cayó al 3.5%. Pese a la promesa de catapultar las exportaciones merced a los tratados de libre comercio (TLC) que se firmaron a troche moche, a tontas y a locas, el déficit en la cuenta corriente de la Balanza de pagos pasó del -3.3% en 2013 al – 4.3% en 2019.
Y, para rematar, el desempleo, después de 6 años con un índice de desempleo de un solo dígito, desde el 2019 regresó a los dos dígitos, con un desempleo del 10.5%, al cual se vino a sumar una informalidad laboral del 47%. Según el Dane, de los más de 22 millones de personas ocupadas al cierre de 2019, el 42.4% de ellos (9.4 millones) se clasificaban como trabajadores por cuenta propia y de estos, según Anif, 2.5 millones pueden considerarse como profesionales independientes. Es muy diciente que en Colombia más del 90% de las empresas se clasifican como Mipymes.
El menor crecimiento de la economía y el pésimo desempeño del sector externo han terminado por afectar las finanzas públicas, con el agravante que las sucesivas reformas tributarias no han hecho más que erosionar la base impositiva y diezmar el recaudo, de modo de que la participación de este en el PIB a duras penas llegaba en el 2016 a 15.7% del PIB, en contraste con el 19.2% del PIB del gasto público. Esta brecha de casi 4 puntos porcentuales se agiganta sin remedio dado que según la Ley de Wagner, el gasto público tiende a crecer con el tiempo y el tamaño del Estado, tanto en términos absolutos como en proporción del PIB, dado que cada día debe asumir mayores responsabilidades. Ello explica el déficit fiscal estructural crónico que acusa la Nación, el cual pasó de – 1.8% del PIB en 2014 a – 2.5% en 2019.
