El Gobierno publicó, para observaciones ciudadanas, el decreto sobre aspersión aérea controlada en erradicación de cultivos ilícitos, cumpliendo los requisitos de la Corte Constitucional en una sentencia que fue una “lavada de manos”: permitir la aspersión y quedar bien con unos, pero llenarla de requisitos y quedar bien con otros.
Esa es mi percepción inicial del decreto, lleno de conceptos previos, auditorías y participación ciudadana, “antes, durante y después”. No se trata de evadir la veeduría ciudadana ni de expedir patentes de corso, pero el narcotráfico es un delito y su persecución una acción policiva que obliga a la justicia.
Claro que la aspersión aérea puede afectar la salud y se debe considerar el riesgo. Claro que tiene impacto ambiental que debe ser mitigado, pero es peor el de la tala del narcotráfico y la destrucción de los ríos por la minería ilegal.
“De dos males el menor”, es un proverbio latino, un asunto de sentido común y, también, un dilema ético que enfrenta la medicina, por ejemplo (la amputación de un miembro o la vida), y que debe asumir el gobernante frente a su mandato constitucional de preservar el interés general sobre el de unos pocos.
El tema del narcotráfico se ha ideologizado. Según la postura frente a las estrategias para derrotarlo, se es imperialista y de ultraderecha -malo-, olibertario y socialista-bueno-. Los partidarios de la aspersión controlada son depredadores ambientales (malos), y los de sustitución voluntaria y erradicación manual “ambientalistas” (buenos). En esta narrativa perversa, el malo de Uribe utilizó la primera y redujo a 44.000 hectáreas cultivadas, hasta que el bueno de Santos, por la presión extorsiva de las Farc, disfrazada de preocupación en salud, la eliminó y nos dejó con 200.000 hectáreas.
Lo mismo pasó con la paz, que no era asunto de buenos y malos. Las legítimas preocupaciones por “lo social”, “lo ambiental” y la “participación ciudadana”, manipuladas por la izquierda y el centro-santismo, se atraviesan al fracking controlado, sin pensar en la pobreza que vendrá cuando toque importar el petróleo; como se atraviesan a la aspersión controlada, en un país lleno de coca y manchado de sangre por el narcotráfico.
¿Quién ha asesinado más de 600 líderes sociales?: Las disidencias, el ELN, los Pelusos y un largo etcétera con un factor común: narcotráfico. ¿Por qué?: por la lucha feroz por territorios de cultivo y de rutas.
No obstante, la izquierda y el centro-santismo, ambos en paro, culpan al gobierno, como si el presidente fuera el perpetrador. Doble moral, mezquindad y mentira mediática.
El enemigo es el narcotráfico y el país tendrá que elegir, entre varios males el menor: aspersión aérea controlada, a partir de un decreto realista, que proteja la salud y la naturaleza, sin amarrar al Estado en su lucha legítima contra el narcotráfico.
