Una causa justa no autoriza cualquier conducta.
Ya leíste tus notas gratis. Inicia sesión o crea una cuenta gratuita para seguir leyendo sin límite.
Hemos llegado a un punto absurdo en el que muere un gallo y quien termina pagando el entierro es el Departamento entero; un escenario donde las vendedoras de almojábanas se han visto obligadas a hacer un paro… ¡contra los líderes de otro paro que asfixiaba sus ingresos! Desde mi experiencia en la Secretaría de Gobierno de La Guajira lo he vivido de cerca: hemos tenido bloqueos por la falta de pago de un contrato y protestas insólitas que terminan chocando contra el sustento de familias ajenas. Con todo acierto se propone modificar el Decreto 003 de 2021. Se ha abusado de la protesta cuando, en su nombre, se pretende justificar el bloqueo prolongado de carreteras, impedir ambulancias o paralizar a quienes nada tienen que ver con la reclamación. Colombia necesita reglas claras para proteger a quienes se manifiestan y a quienes padecen las consecuencias.
Atender un bloqueo exige escuchar, buscar soluciones y responder por ciudadanos atrapados en una situación que no provocaron. La autoridad debe garantizar los derechos del manifestante, del conductor, del comerciante y de la madre que necesita llevar a su hijo al hospital. El derecho a reclamar no entrega las llaves de la carretera.
Las pérdidas dimensionan el problema. En enero de 2025, la Cámara de Comercio de La Guajira publicó una encuesta realizada en diciembre de 2024 y estimó pérdidas por $10.125 millones en el sector turístico debido a los bloqueos. Detrás de esa cifra hay reservas canceladas, ventas frustradas y empleos amenazados. (camaraguajira.org).
Ese valor equivale a más de 2.800 matrículas ordinarias de pregrado en Uniguajira, tomando como referencia la tarifa publicada para 2026 de $3.501.810. Es una comparación de magnitud, no dinero público disponible para trasladar a la universidad. Pero permite entender cuánto representan esas pérdidas en oportunidades educativas para nuestros jóvenes. (uniguajira.edu.co).
Hay causas legítimas detrás de muchas protestas. Conocemos los reclamos por agua, energía, vías y educación. Merecen respuestas oportunas. Sin embargo, una causa justa no autoriza cualquier conducta. La familia que vive de vender alimentos o transportar pasajeros también tiene derechos. Su sustento no puede quedar indefinidamente sometido al resultado de una negociación.
Carlos Bernal Pulido ofrece un fundamento pertinente: no existe un derecho definitivo a mantener bloqueos que afecten desproporcionadamente otros derechos. En esas circunstancias, las autoridades pueden y, en muchos casos, deben levantarlos. El autor reconoce las molestias propias de una manifestación, pero distingue esas interrupciones de las afectaciones que desbordan la protección constitucional.
Aquí importa la ponderación de derechos. En palabras sencillas, cuando la protesta entra en tensión con la salud, el trabajo, la movilidad o el abastecimiento, corresponde valorar cómo protegerlos conjuntamente. No pesa igual una demora en el tránsito que impedir una atención médica urgente. Deben examinarse la gravedad del daño, su duración y las alternativas disponibles.
A nivel nacional, este debate suele encerrarse en trincheras ideológicas. Por un lado, los sectores de izquierda y progresistas suelen enarbolar la defensa absoluta de la protesta como un mecanismo legítimo de los sectores excluidos para ser escuchados frente al Estado, advirtiendo el peligro de criminalizar la movilización. Por el otro, las posturas contrarias y los gremios exigen orden, seguridad y la restricción total de cualquier vía de hecho que paralice la economía.
Sin embargo, quienes habitamos y padecemos los territorios sabemos que esta no es una fría discusión de izquierda o de derecha. Para el ciudadano de a pie en La Guajira, el bloqueo no es un concepto abstracto en un estrado judicial; es la ambulancia que no pasa, el alimento que se encarece, el empleo que se pierde y el joven que ve truncada su matrícula. Más allá de las ideologías, lo que urge es equilibrio y responsabilidad institucional.
Si la afectación resulta desproporcionada, corresponde restablecer los derechos comprometidos utilizando el medio menos lesivo que sea eficaz. Respaldo que el proyecto incorpore este equilibrio constitucional y precise causales de agotamiento del diálogo. Las reglas verificables protegen al ciudadano y permiten actuar con responsabilidad.
Para enriquecer esta discusión y aportar soluciones prácticas desde el territorio, hicimos llegar formalmente al Ministerio del Interior un conjunto de observaciones y propuestas normativas concretas. Entre ellas, planteamos incorporar un enfoque diferencial étnico y territorial que garantice la participación intercultural y evite estigmatizar la vestimenta o la presencia de autoridades tradicionales; establecer alertas tempranas preventivas y corredores solidarios para asegurar el paso permanente de agua, alimentos, medicamentos y combustibles en zonas de alta vulnerabilidad. Asimismo, propusimos que la instalación formal de una mesa de diálogo vaya acompañada de la habilitación inmediata de la movilidad vehicular y peatonal, y que se blinde de manera prioritaria la infraestructura estratégica regional —minera, energética y de servicios esenciales—, al igual que las sedes de instituciones públicas de protección a la niñez y la familia.
La Unidad de Diálogo Social nos ha enseñado el valor de anticiparnos, escuchar a las autoridades tradicionales y hacer seguimiento a los acuerdos. Debemos proteger las instituciones que atienden a niños y familias, y evaluar las afectaciones sobre la infraestructura que sostiene empleos y servicios básicos.
Respaldo esta modificación porque necesitamos herramientas claras para prevenir, dialogar y actuar frente al abuso. Toda intervención debe ser proporcional, documentada y respetuosa de quienes protestan pacíficamente. Al final, la premisa es simple: quien reclama merece atención, pero quien no participa también merece protección, y ninguna familia debería pagar con su salud o su sustento el precio de que otra sea escuchada.
