El ministro de Agricultura Indalecio Dangond, estuvo en su tierra: Urumita. Compartió con campesinos, productores, dirigentes políticos y el resto de la población. Ese día, se le dio…
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El ministro de Agricultura Indalecio Dangond, estuvo en su tierra: Urumita. Compartió con campesinos, productores, dirigentes políticos y el resto de la población. Ese día, se le dio cristiana sepultura a un muerto que ‘cabalgaba’ sobre el lomo de los propietarios de fincas, que eran dueños, pero no podían mandar.
Ese día se sepultó una decisión tomada en Bogotá, pero cuyo verdadero significado, nunca fue entendido y mucho menos aplicado en los territorios. El fin de semana pasado, Urumita asistió al sepelio de un Decreto que nació muerto y sin sentido.
Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua del Pilar quedaron durante más de dos años bajo el régimen sin músculo financiero, llamado Appa, una figura que generó profundas inquietudes entre autoridades locales, productores, empresarios y comunidades. Más que una herramienta para impulsar el campo, las Appa terminaron siendo percibidas como una camisa de fuerza sobre el territorio y sobre la autonomía de los municipios para decidir su propio ordenamiento.
La paradoja no podía ser mayor: la primera Appa fue creada precisamente en Urumita, el 20 de junio de 2024, y el pasado viernes, en la misma tierra, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, firmó su derogatoria.
El Gobierno nacional argumentó que estas figuras enfrentaban dificultades técnicas y jurídicas, entre ellas la falta de reglamentación del artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo que les dio origen. Pero hay algo todavía más importante: el reclamo territorial.
La Guajira necesita proteger sus tierras productivas y garantizar la seguridad alimentaria. Eso nadie lo discute. Lo que sí debe discutirse es cómo hacerlo sin sacrificar la autonomía territorial, sin frenar inversiones legítimas, sin desconocer las actividades económicas existentes y, sobre todo, sin imponer soluciones desde escritorios que poco conocen las complejidades del Caribe.
La derogatoria no debe entenderse como una licencia para hacer cualquier cosa con el suelo. Por el contrario, debe abrir una nueva etapa de planificación seria, concertada y técnicamente sustentada.
El sur de La Guajira necesita producir alimentos, generar empleo, atraer inversión, garantizar agua y fortalecer el campo. Necesita también vías, energía, asistencia técnica, crédito y mercados. Esa debería ser la verdadera política de desarrollo rural.
Por eso, la firma de Urumita debe ser más que la muerte jurídica de las Appa. Debe convertirse en el comienzo de una nueva conversación entre Nación, departamento, municipios, productores, comunidades y empresarios.
Las Appa se fueron como llegaron: dejando más preguntas que resultados. Ahora corresponde demostrar que sí es posible ordenar el territorio, proteger la producción de alimentos y generar desarrollo sin atropellar la autonomía de La Guajira.
Porque esta tierra no necesita más imposiciones. Necesita oportunidades.
