Conmoción y preocupación ha causado la admisión, por parte del Consejo de Estado, de la demanda contra el Plan de Manejo Ambiental Integral del Cerrejón en La Guajira. Esta demanda de nulidad simple, busca anular el Pmai y el cierre de la mina.
Fue interpuesta por los congresistas Iván Cepeda, Feliciano Valencia y Aida Avella, además la ONG Fuerza de Mujeres Wayuú (FMW), creada en el año 2006, con alianzas de las comunidades, rancherías y organizaciones wayuú, en el Departamento. También participaron otras entidades no gubernamentales, como; Cinep, Cajar y Censat, estas últimas dedicadas al cuidado del medio ambiente. La falta de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, afectación al recurso hídrico y al medio ambiente de La Guajira, son algunos de los argumentos que sustentan la demanda. Además, alegan que se ha generado, por estos hechos, una crisis alimentaria y vulneración de derechos fundamentales de la población, especialmente de los niños. Indicando desconocieron el derecho de participación de la población y la consulta previa a las comunidades indígenas, sin tener en cuenta el impacto ambiental que genera la minería.
No es pertinente polemizar quién tiene la razón, porque cada uno de los actuantes manifiesta y sostiene su posición. Pero si es procedente hacerle ver a la población las intenciones de esas fuerzas oscuras contra La Guajira.
Nos conmociona por su capacidad que tiene para generar el caos en el departamento, ocasionando una crisis económica en y, por efecto dominó, a toda Colombia. Preocupante, porque en más de 35 años de minería, la economía del pueblo guajiro ha girado en ese sector, beneficiando a familias guajiras y de los departamentos vecinos. Todo ese tiempo, en la extracción del carbón.
La intranquilidad que tenemos los guajiros, a pesar de los argumentos anémicos que han presentado los demandantes ante el Consejo de Estado, es demasiado grande. Se trata de un asunto difícil. Esperamos que con el entendimiento de los magistrados se resuelva razonablemente, favoreciendo el interés colectivo y no el de dos o tres interesados en beneficios personales.
Como manifesté anteriormente, no estoy interesado en defender los intereses de las partes, ya que ellos sabrán cómo defenderlos, con sus asesores jurídicos. Pienso que, es de interés para el pueblo guajiro, el conocimiento histórico de los inicios de las operaciones mineras en El Cerrejón, son importantes para refutar los argumentos de la demanda.
A Carbocol e Intercor CZN S. A. les aceptaron el estudio de Efecto Ambiental, mediante Resolución 797 del 23 de junio de 1983, por el Instituto de Recursos Naturales –Inderena-, amparado en los artículos 27, 28 y 185 del Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto Ley 2811 de 1974. Y, el más reciente, expedido por la Anla, el Auto Número 01347 del 28 de marzo de 2018, con el fin de hacer seguimiento y control ambiental. Manifiestan que no hubo consulta previa a las comunidades indígenas, siendo que en los años 70, se iniciaron los estudios previos para la socialización y posterior explotación del carbón mineral, por lo cual le fue aceptada el estudio de efectos ambientales. Asimismo, les fue socializado el proyecto a las comunidades circunvecinas al área minera, las cuales conocieron de antemano y fueron, posteriormente, trasladadas cerca a los centros urbanos de mayor tamaño, con servicios de energía eléctrica, agua y gas, además de las posibilidades de estudios para sus hijos en centros educativos de mayor complejidad.
Ahora vienen, precisamente en año electoral, los mismos guajiros, junto a ONG, ajenas a nuestras comunidades, lo mismo que los congresistas opositores al gobierno y a todo cuanto no les sea de su agrado, representando a los “cristos redentores”, buscando los intereses personales.
Son 12 mil familias que quedarían al garete, sin futuro próximo para sus hijos y la economía de la región y de Colombia, en general.
Considero sospecho que solamente sea el “Cerrejón”. ¿Solamente esta, porque está en La Guajira?
