Hasta 1991 la política monetaria y cambiaria estuvo en manos de la Junta Monetaria, creada mediante la Ley 21 de 1963.
En la Constitución política que entró a regir desde 1991, es la junta directiva del Banco de la República, que ahora goza de autonomía frente al ejecutivo (Ley 32 de 1993, artículo 2º), la que asumió dicha competencia. La autonomía no se puede confundir con la independencia. La junta no es una rueda suelta en el engranaje del Estado, debe ejercer sus competencias, como lo establece la Constitución, en coordinación con la política económica gubernamental.
Si bien, como lo prevé la Carta en sus artículos 371 y 373, esta es su “función básica”, como lo dejó sentado la Corte Constitucional en su Sentencia C – 481 de 1999, “también debe considerar el empleo, el crecimiento económico, el desarrollo y hasta el medio ambiente”. Bien dice la Carta en su artículo 334 que la junta “no puede ser indiferente a la búsqueda del pleno empleo”.
Gracias a su gestión, Colombia pasó de un Índice de Precios al Consumidor (IPC) promedio del 20% en la década de 1992 a 2001 al 6% entre 2002 y 2008. Actualmente, la inflación objetivo del Banco de la R. está en 3% para 2019. El principal instrumento empleado por la junta del banco para contener los brotes inflacionarios es la tasa de interés de intervención, que es aquella que le cobra el Banco Emisor a las entidades financieras por los préstamos que les hace para darles liquidez.
Con tal fin, dicha tasa se elevó continuamente desde el 3% en mayo de 2010 al 7.75% en julio de 2016. Dicha tasa empezó a bajar en marzo de 2017, cuando la junta directiva del Banco de la República la bajó 25 puntos básicos hasta el 7%, en junio de este mismo año la fijó en 5.75%, cerrando el año en 4.75%, hasta recalar en el 4.25%el 30 de abril del 2018, que se ha mantenido desde entonces hasta la fecha, por espacio de 20 meses.
También le concierne a la junta directiva del Banco Emisor el manejo de la política cambiaria. Es bien sabido que Colombia mantuvo por un largo período una banda cambiaria dentro de la cual se debía mover la tasa de cambio; la misma fue abandonada a raíz de la crisis de 1999, acatando una de las exigencias del FMI, que debió intervenir para sortearla y desde entonces tenemos un régimen de libre cambio, flotante, en la que la junta solo interviene ocasionalmente para contener brotes devaluacionistas o revaluacionistas extremos, pero su margen de maniobra es muy limitado.
Si algo ha caracterizado la tasa de cambio en Colombia en la última década es que el peso se ha constituido en una de las monedas más revaluadas del mundo, cuando se da la depreciación del dólar y una de las más devaluadas cuando se da su apreciación global. Solo Argentina y Turquía la superan en este vértigo cambiario.
En estos momentos la economía colombiana enfrenta una delicada encrucijada: no obstante contar con una tasa de cambio competitiva, crecen mucho más las importaciones que las exportaciones, que no repuntan y, lo que es más grave, en estos momentos el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos había alcanzado a junio de 2019 el máximo histórico de 4.6% del PIB. No deja de ser paradójico que no obstante la devaluación del peso frente al dólar, lo que debería favorecer las exportaciones, estas cayeron el 4.7% al corte del mes de septiembre, al tiempo que se acrecentaron las importaciones el 5.7%. Al déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos este se le viene a sumar el déficit fiscal, que bordea el 3%, que no cede; por eso se suele hablar de los déficits gemelos, los cuales tornan la economía más vulnerable frente a los choques externos.
Colombia no supo aprovechar el largo ciclo de precios altos de los commodities para corregir este déficit, como sí lo hicieron los demás países de Latinoamérica. De allí la gran vulnerabilidad de la economía colombiana frente a los choques externos, en momentos en los que la economía global pasa por una gran turbulencia a consecuencia de la guerra comercial (arancelaria) entre los dos colosos, EE.UU. y China.
Entre tanto la junta directiva del Banco de la República está entre la rubia y la morena, pues a consecuencia de la devaluación galopante el IPC está bajo presión y la tasa de inflación causada en 2019 cerró en el 3.8%, casi al tope del rango meta de la inflación objetivo fijado entre el 2% y el 4%, superando sensiblemente el 3.18% de 2018; pero si sube la tasa de interés de intervención, para contenerla, acentúa la desaceleración del crecimiento del PIB, el cual se aleja cada vez más de la meta, que se ha convertido en mantra, del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla de un crecimiento del 3.6% para el 2019 y 4% para el 2020.
