En febrero de 2017 el Gobierno interviene a La Guajira en agua potable, educación y salud; con argumentos taquilleros como la corrupción, muertes de niños por enfermedades relacionadas con la desnutrición, la ineficacia, mal manejo y bajo ejecución de algunos recursos principalmente los de SGP en agua potable.
Los hechos siempre nos dieron la razón cuando desde el mismo momento de la intervención desnudamos las cifras y demostramos legal y presupuestalmente que esa intervención no impactaría en los “propósitos “ que el Gobierno difundía voz en cuello y que amplificaban los grandes medios fletados por la pauta gubernamental.
Con lo que nadie contaba era que 3 años más tarde y habiendo el Gobierno de Duque prorrogado la misma por el máximo tiempo que le permite el decreto 028 de 2008, la pandemia del Covid -19 los pondría en cueros y entre la espada y la pared, por un lado consientes como son de qué no hay en esas intervenciones los recursos para solucionar los viejos problemas que venían arrastrando, ni mucho menos los tendrían para enfrentar el Covid -19 que los agarra viajando en el tren de la falsa intervención.
Con este piano encima y corriendo el riesgo de que los resultados de la pandemia en La Guajira sean de su responsabilidad, buscaron cómo descargarlo y aprovechando las peticiones válidas y argumentadas que antes y durante la pandemia se han hecho por partes de las fuerzas políticas y civiles del departamento y que nunca tuvieron en cuenta, y que además hasta fueron tomadas con chercha por parte de los Yupies de esos ministerios, deciden a las volandas incluir un mico que podría no soportar la revisión de la Corte Constitucional en su momento y ese mico es el artículo 27 del decreto de emergencia 538 de 2020, con el único propósito de descargar en los hombros de los representan tes legales de las entidades territoriales la responsabilidad que hoy tienen, ya que jurídicamente no era necesario para sustituir las medidas de intervención que estas las solicitarán los gobernadores y alcaldes, pues en los respectivos Conpes se establece la manera como antes de los dos años de prórroga se puede adoptar las medidas de suspensión o terminación de las intervenciones; previo avance en las situaciones de riesgo, o tenían la salida jurídica de resolverlo en el recurso de reconsideración bien fundamentados y que a tiempo presentó la Gobernación de La Guajira contra el Conpes de Extensión o prorroga de la intervención; y que aún sigue sin respuesta habiéndose pretermitido los términos, pero como esa decisión caería en cabeza de quienes en su momento unilateralmente tomaron la decisión de las intervenciones trasladan la misma a los gobernadores y alcaldes para que mediante acto administrativo les soliciten la sustitución de las mismas y suscriban con el administrador temporal un plan de desempeño, olvidando algo básico y elemental en el derecho y es que las cosas se deshacen en la misma forma en que se hacen, es evidente la intención de trasladar la responsabilidad que en el momento tienen para poder inculpar, juzgar y condenar a los responsables de las solicitudes de sustitución de las medidas, ello está más que claro .
En el caso particular de La Guajira bien lo sabe el gobernador Nemesio Roys que el plan estructurado por la misma intervención en salud por un monto de $50.000.000.000 no lo va a financiar el Gobierno nacional; que es esa ahora la verdadera razón por la que le dan la opción de poder solicitar la sustitución de la medida, y que de no solicitarla difundirán la noticia de que el gobernador no lo hizo y que por lo tanto los hechos sobrevivientes no son culpa de ellos, esto no es más que una jugada maestra para ganar con cualquier cara que caiga la moneda.
