Dice la Constitución Política de Colombia: Garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud; corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
Hoy con la ineficiencia en la atención médica, con largas esperas para asignación de citas y cirugías. Aumento de las tutelas relacionadas con el derecho a la salud, el déficit de profesionales en la mayoría de las áreas siendo las más críticas oncología y cardiología, la insatisfacción de los usuarios debido a la baja calidad del servicio, en los últimos dos años viene empeorando.
Un análisis expone la situación de las 9 EPS que a la fecha se encuentran con alguna medida de vigilancia especial o programa de recuperación, hoy tienen una deuda acumulada superior a los 8 billones de pesos, lo que representa el 69,1% de la deuda total de las EPS que operan en todo el país.
La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc) reveló su estudio de cartera número 52 que arrojó como resultado que, a corte de junio de 2024, las deudas con 225 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) Hospitales públicos y clínicas privadas, alcanzó los $18,9 billones; esta cifra representa un incremento de 12,8 % en el monto de cartera respecto a diciembre de 2023.
El estudio de la Asociación mostró que entre los principales deudores morosos están la Nueva EPS, entidad que representa al Gobierno por ser mixta, quien aparece como el mayor deudor que tienen los 225 prestadores que reportaron información. La Nueva Eps acumula una deuda en los regímenes contributivo y subsidiado de $4,2 billones aproximados y una cartera en mora de $2,2 billones (53 % en mora). La EPS Sanitas, cuyos registros de deuda en mora son de $579.000 millones (100 % en mora) y $486.000 millones (39,3 % en mora); con este oscuro panorama es obligatorio y de manera urgente implementar medidas de emergencia para garantizar el funcionamiento y operación continua del sistema asistencial y de prestación de servicios.
La necesidad de priorizar el pago a la red hospitalaria independiente y pública, destacando que el sector prestador no solo responde por la atención a los pacientes, sino también por el sustento de cerca de un millón de personas que integran el talento humano en salud; por donde se vea y analice es inminente que nuestro sector sea internado en una UCI. En La Guajira la suma de empleos directos que se generan en las clínicas y hospitales, que son los mayores empleadores después del Cerrejón; hoy la amenaza de pagos de sueldos, primas en el mes de diciembre a estos trabajadores está bajo amenaza, sin incluir el pago de un número importante de especialistas que hoy prestan sus servicios en la red pública hospitalaria y Clínicas, especialmente en Riohacha, Maicao y San Juan del Cesar.
El sistema de salud de Colombia vive una de sus peores crisis financieras desde que se creó en 1.993; es un déficit que se ha agudizado en los dos últimos años y tiene efectos directos en toda la cadena, desde las clínicas y hospitales, hasta los médicos y enfermeros, pasando por los laboratorios, las farmacéuticas que fabrican medicamentos y, sobre todo, la atención que reciben los pacientes. La gran verdad hoy es, que se ha generado un gran problema y por no encontrar un equilibrio entre el Gobierno y el Congreso sobre cómo resolverlo, la población sigue corriendo riesgos tan grandes que solo Dios podrá protegernos; más grave aún es la desfinanciación que ha llevado a una crisis de confianza que parece irreversible, que es la pérdida más importante, es difícil de cuantificar, pero es evidente. Antes del 31 de diciembre el Gobierno debe definir el valor de la UPC de 2025, esta decisión será de vida o muerte para el sistema de salud.
