Este 16 de noviembre se cumplen 3 años de intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a Electricaribe.
Desde ese entonces, no he descansado ni como senador de la República ni como oriundo de esta región en exigirle al Gobierno nacional para que gire los recursos prometidos a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social —Conpes–, o que diseñe definitivamente una solución estructural qué garantice la calidad en la prestación de un buen servicio de energía eléctrica en la región Caribe.
Lo cierto es que ni lo uno ni lo otro se avizora, por el contrario lo que se evidencia son densos nubarrones que ciernen sobre el tema Electricaribe. Vale recordar que en noviembre del año 2016, bajo el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos se prometió mediante un primer documento Conpes, el 3875 la suma de $320 mil millones, de estos se destinó la suma de $122 mil para garantizar la compra de energía. Al siguiente año, con la expedición del Conpes 3910, con una suma igual, es decir, $320 mil millones, se prometieron $195 mil millones para compra de energía y $125 mil millones para inversiones que resultaban necesarias en el 2018.
Posteriormente, a mediados del año pasado, el Gobierno nacional expidió un tercer documento Conpes 3933 por valor de $735 mil con la promesa de que esta vez sí llegarían las inversiones para la recuperación de la empresa, la reducción de sus pérdidas y la mejora de las redes de servicio para el año 2019. Pero todo esto no pasó de ser solo una ilusión; de estos recursos Conpes –cerca de 1.4 billones de pesos prometidos– solo a la fecha han “llegado” 122 mil millones para compra de energía en el 2018, y 125 mil millones del 2017 que solo fueron girados hasta junio del 2019; ahora, cómo si esto fuera una comedia al estilo griego, nos quieren vender de que los “$860.000 millones que el Gobierno destinará para mejoramiento de redes y subestaciones de energía eléctrica operadas por Electricaribe” serán el gran desembolso esperado.
Lo anterior ni es decente ni resulta transparente por parte del Ministerio de Minas y Energía, quien lo único que tiene es la esperanza de que llegue un eventual inversionista para que le quite el problema que hoy sigue teniendo en sus manos. El Gobierno, por intermedio de su ministerio de Minas y Energía, se han dedicado en los últimos tiempos es a “caramelear” a los habitantes de la región Caribe con anuncios exóticos de recursos que nunca llegan. La estrategia que manejan cobraría validez, si el proceso de búsqueda de inversionista diera algún tipo de señales tempranas de éxito, pero este no ha sido así y está lejos de tener éxito.
La única verdad que ha quedado develada en el tiempo que ha transcurrido durante el procedimiento de venta de activos de Electricaribe es que el Gobierno carece de preparación para adelantar un proceso de esta naturaleza. La declaratoria de inexequibilidad de la Ley de Financiamiento, bajo este contexto, y el achaque a la misma no es más que un subterfugio o elemento distractor con la que se pretende justificar lo mal diseñado que ha estado este proceso. Los reiterativos cambios realizados a lo largo del mismo, y la evidente improvisación dejan el sinsabor de una profunda negligencia del mando.
Recientemente el exministro Amylkar Acosta, llamó la atención sobre lo que se estableció en la ley del Plan de Desarrollo en donde se ordenó el establecimiento de un régimen transitorio especial para el mercado de Electricaribe en donde la Creg asumiera la responsabilidad para diseñarlo y expedirlo precaviendo así a cualquier empresa a asumir la operación sin conocer lo que esa reglamentación disponga. En ese análisis, el exministro Acosta recordó el pleito que existe entre la Nación y la firma Naturgy (antes Gas Natural Fenosa) proceso litigioso que cursa ante un tribunal internacional de arbitramento donde la firma española exige al Estado colombiano la suma de 1.626 millones de dólares (monto en el que estiman su afectación económica por la intervención de Electricaribe) a titulo de indemnización. La búsqueda de una solución al tema Electricaribe a menos que se replantee terminará siendo como la moraleja del cuento del tigre. ¿Quién se quiere ganar el tigre?
Hoy, tras los múltiples traspiés del Gobierno, la respuesta a esa pregunta esta clara: Nadie. Pero el tigre ya tiene dueño, somos, casi dos millones y medio de dueños, y si desde la capital de la República no llega la solución, la tarea nos caerá a nosotros los usuarios de Electricaribe, que en últimas somos quienes sufrimos el mal servicio. De frustrarse el proceso de búsqueda de un inversionista, el Gobierno deberá cambiar la óptica que tiene del problema y promover otras alternativas en las que tendrá que vincular a las entidades territoriales de la región Caribe para que ellas jueguen un papel instrumental en la solución integral al problema actual de la empresa con el apoyo del Gobierno Central. El tigre existe y se llama Electricaribe.
