El 21 de noviembre pasará a la historia nacional como una fecha histórica en la que el colombiano se expresó de manera categórica. La Nación esperaba que la justa protesta de la ciudadanía no generara alteración del orden público con fatales consecuencias como pérdidas de vidas y, por fortuna, fue así. Se presentaron desmanes que en líneas generales fueron controlados.
Una nueva cultura en la lucha política se escribió. En el paro reinó la paz y el orden, y en algunas ciudades fue acompañado de una gran fiesta. Se hizo presente la cordura, a diferencia del paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977, en el que perdieron la vida 33 personas y 3.000 más resultaron heridas y muchas desaparecidas. La diferencia: la protesta ciudadana se reconoce hoy como un legítimo derecho político.
El paro como un acontecimiento político y manifestación de un derecho ha sido respetado por las autoridades y se garantizó su ejercicio. Un ambiente de pluralismo y tolerancia reinó. Este es un hecho incontrovertible. La cultura de sometimiento a los derechos humanos tiene raíces en nuestro país y esto es justo recocerlo. Manifestantes y autoridades se trataron como hermanos que son de una nación.
Habló el soberano o para no herir susceptibilidades lo hizo gran parte del soberano, es decir, el ciudadano. Él es el titular del poder político en una democracia y su participación no puede ni debe reducirse única y exclusivamente a depositar el voto el día de elecciones.
Su voz siempre tiene que ser escuchada, valorada y respetada.
Como bien lo explican en sus obras Norberto Bobbio y Luigi Ferrajoli, entre otros, siguiendo a Juan J. Rousseau en el contrato social, la soberanía es única e intransferible. Por tanto, su titular no la pierde el día de los comicios cuando elige a sus gobernantes. Estos tienen el deber jurídico y político de escuchar la voz de la ciudadanía. No hay que olvidar que el soberano es el titular del poder.
En una democracia, la voz del ciudadano no está en el Parlamento ni en el Ejecutivo. El mandatario no puede ni debe ignorar la causa de por qué fue elegido y qué mandato le fue conferido. Incluso, la voz del ciudadano tiene que ser respetada y con mayor razón cuando la ciudadanía cambia de opinión y estima que la obra de gobierno debe ser revisada o cambiada.
El colombiano habló el 21 de noviembre pasado y no ha dejado de hacerlo. Reclama que sus opiniones políticas sean escuchadas y lo hace dentro de los canales institucionales que permiten la democracia y el Estado Constitucional de Derecho.
El soberano ha pedido la palabra y esta es muy valiosa en una democracia. En el ciudadano descansa el poder de esta forma de gobierno, no está ni en los empresarios ni en los congresistas ni en los sindicatos y mucho menos en los partidos políticos.
Mi voz como ciudadano de la región Caribe es que se requieren grandes transformaciones constitucionales para descentralizar el poder político en el país e instaurar la autonomía política de las regiones como lo determinó la ciudadanía el 10 de marzo del 2010. Este clamor del Caribe, que se ha ido generalizando en toda Colombia, no ha sido escuchado y exige respeto.
Las transformaciones constitucionales requieren de una Asamblea Nacional Constituyente en la que hable el soberano. No es labor del Parlamento.
