Por José Félix Lafaurie Rivera
La Ley de Justicia y Paz, en el Gobierno de la Seguridad Democrática, desmovilizó más de 50.000 alzados en armas, unos 32.500 de las autodefensas, 17.000 de las Farc y 2.500 elenos. Con sus imperfecciones, condenó a los cabecillas a penas de 8 años de cárcel y de extradición a reincidentes. Los listados de las Farc no pasan de 8.000 desmovilizados. Sin embargo, para su reinserción el Gobierno se sometió a una negociación extorsiva que modificó sustancialmente las instituciones, garantizó impunidad total y pretende darles participación política automática, incluida la Presidencia, lo cual ha generado gran rechazo. Cuando promovía las negociaciones, Santos afirmó que no habría impunidad, que los delitos de lesa humanidad pagarían cárcel, que no habría curules gratis; en fin, una sarta de compromisos que la realidad convirtió en mentiras. En una segunda etapa el discurso cambió, siempre con la amenaza extorsiva de la violencia. Hasta con la guerra urbana asustó Santos a los electores. Entonces quedó claro que habría curules gratis y gabelas con las que ningún partido había soñado. Las Farc participarán en política, defendía Gaviria, jefe de debate del ‘Sí’, pero con el argumento sibilino de que el país no los quiere y no votará por ellos. Aténganse a la virgen y no corran; con disidencias armadas y plata del narcotráfico todo puede pasar. La última salida presidencial es hasta irrespetuosa con las víctimas: “Para qué entregaron las armas, si no era para llegar al Congreso”. ¿Era solo para eso?, ¿Y la paz? Santos debería dejar de engañar al país. Las Farc pueden llegar al Congreso, pero antes de presentarse a la justicia y cumplir las penas, así sean de mentiras, su participación política es una afrenta a la democracia. De hecho, esa ya es una concesión enorme que no tiene ningún colombiano condenado. Mientras el presidente sigue recibiendo medallas, el país despierta de la promesa de una costosa paz. Siente que le hacen conejo con la verdad, que no reconocen delitos y esconden ingresos y propiedades, mientras presionan para reabrir sus listas y colar Dios sabe a quién. De la justicia ni hablar: la impunidad para delitos atroces será una mancha vergonzosa para la democracia. Y de reparación nada, que lo digan las víctimas. Pero lo más grave es el conejo a la no repetición. El informe de la OEA es espeluznante. Mientras el Ejército dice que no hay evidencia del ELN en antiguas zonas de las Farc, la OEA encontró que es el principal beneficiario del ‘reacomodo’ de actores ilegales. Las comunidades mismas reconocen que las Farc facilitaron esa expansión del ELN, sobre todo en Catatumbo y Cauca, mientras su disidencia Gentil Duarte recluta niños en Guaviare y otros grupos raptan niñas como compañeras sexuales. El país despierta engañado, con la paz muy lejos y el Congreso muy cerca para las Farc.
