Es difícil decirle la verdad a un país acostumbrado a que le maquillen las cuentas. Y esta vez, dolió más de lo esperado. Gustavo Petro cumplió con el deber constitucional de radicar el proyecto de presupuesto para 2027. Pero las comisiones económicas del Congreso lo devolvieron por serias dudas de sostenibilidad y respaldo técnico de las cuentas. Le pidieron al nuevo Gobierno que lo ajustara y lo volviera a presentar.
Pues bien: ya llegó ese ajuste. Y lo que trajo no fue un simple retoque de cifras, sino una confesión fiscal de proporciones históricas.
El nuevo ministro de Hacienda radicó un presupuesto de $634,9 billones, es decir, casi el 30% de todo lo que produce el país en un año. Son $59,3 billones más que el presupuesto del Gobierno anterior. Pero lo verdaderamente grave no es que sea más grande, sino lo que ese mayor tamaño revela sobre el verdadero estado de las finanzas públicas.
El nuevo Gobierno ‘sinceró’ las cuentas y la sorpresa fue mayúscula.
El déficit del Gobierno nacional central para 2027 llegaría a 9,4% del PIB, más del doble de lo que el propio marco fiscal había anunciado (4,5%). El déficit primario, que mide si el país gasta más de lo que recauda, sin contar los intereses de la deuda, pasaría de un optimista 0,5% a un preocupante 4,5%. Y como consecuencia, la deuda neta del país sube de 58,9% a 66,2% del PIB.
Y ese hueco que nadie había contado con claridad sale de tres frentes. Primero, pasivos que estaban escondidos y ahora salen a la luz: el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y Fonpet concentran buena parte del ajuste en el sector Hacienda, absorbiendo casi dos terceras partes del aumento total. Segundo, el reconocimiento de $6,5 billones adicionales en pensiones distintas a Colpensiones, que infla el presupuesto del sector Trabajo. Y tercero, una revisión de los supuestos macroeconómicos que, hasta ahora, habían sido demasiado optimistas: la inflación de cierre de 2026 se corrigió de 6,0% a 6,8%, el crecimiento del PIB para 2027 se bajó de 2,2% a 1,8%, y la tasa de cambio se ajustó a la baja, lo que reduce el recaudo esperado en IVA externo y aranceles.
Mientras el servicio de la deuda se come $37,4 billones adicionales y el funcionamiento del Estado otros $24,9 billones, la inversión, la plata que realmente construye país, cae $3 billones. Y los sectores que pagan la cuenta de este ajuste son, otra vez, los más sensibles: Inclusión Social, Agricultura y Salud.
La consecuencia práctica de esta transparencia es que Colombia tendrá que salir a buscar mucha más plata prestada. Las necesidades de financiamiento se duplican, de $130,4 billones a $266,3 billones. Se emitirán más bonos de deuda interna (TES) y se buscará más crédito externo. En otras palabras: ahora sabemos la verdad, pero esa verdad saldrá más cara, porque hay que financiarla con más deuda, más frágil y más costosa.
El ministro Miguel Gómez ya anunció la receta: un ajuste de austeridad de $17,4 billones y una Ley de Ajuste Fiscal, bautizada ‘Rescate Económico’, por $45 billones, con la que espera reducir el déficit primario al 3,3% y el déficit total al 7,2% del PIB en 2027. La meta a largo plazo es llegar a 2030 con un balance primario positivo y estabilizar la deuda en torno al 64% del PIB, en vez de dejarla subir hasta el 82%.
Suena ambicioso y lo es. Solo en 2027, el país se desviará de la Regla Fiscal en 4,7 puntos del PIB, casi seis veces más de lo previsto originalmente, y hará muy difícil que vuelva a funcionar con normalidad ya en 2028.
Prefiero mil veces un Gobierno que destape la olla, aunque huela mal, a uno que la mantenga tapada mientras el problema crece por debajo. Ahora empieza lo difícil: convencer al Congreso, a los mercados y a los propios colombianos de este ajuste tan doloroso como necesario. Porque de eso, y no de las cifras en un papel, depende que Colombia no termine pagando esta fiesta fiscal con la salud, la educación y el futuro de quienes menos tienen.
Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…».
