Para el hijo de siete años del sargento Durango, el 11/9 no será el día en que el terrorismo golpeó al mundo, sino a él y a su familia. Su padre murió en una cobarde emboscada, en Arauquita, junto a cuatro de sus hombres.
El 14 de septiembre, la base de Fortul, Arauca, fue bombardeada con artefactos explosivos hechizados, afortunadamente sin éxito.
El 16, dos policías, Víctor y Kevin, fueron asesinados a mansalva en el el casco urbano de San Vicente del Caguán, frente a una cámara que mostró el infame ataque.
El 21, un transporte militar fue atacado con explosivos, dejando un gran cráter en una vía rural de Puerto Libertador, Córdoba, y uno más profundo en las familias de cinco jóvenes humildes que perdieron la vida. Francisco, con 36 años y 15 en el Ejército, no conocerá a su hijo, de cuatro meses en el vientre de su madre.
Al día siguiente, 22 de septiembre, otro video nos muestra unos bandidos que bajan de una camioneta en el puesto de control de otra base militar, también en Arauca, y disparan contra los centinelas que, no por cobardes, sino por sorprendidos, alcanzan a huir. Un informe del Ministerio de Defensa revela que, entre enero y agosto, 82 miembros de la Fuerza Pública fueron asesinados y 814 heridos en servicio.
¿Quiénes son los victimarios? Los reportes señalan al Clan del Golfo, al frente oriental del ELN, a las disidencias, la Héroes y Mártires, la R–40, la Miller Perdomo. ¿Acaso importa? ¿Acaso no son, como dicen en mi tierra, cucarachas del mismo calabazo?, del calabozo hediondo del narcotráfico, aunque el Gobierno las llame con el nombre aséptico de los GAO.
¿Qué enfrentamos? Una amenaza narcoterrorista como la doblegada por la Seguridad Democrática entre 2002 y 2010, hoy resucitada, gracias a Santos y su Acuerdo ilegítimo. Enfrentamos al narcotráfico de última generación, en guerra contra la Fuerza Pública, internacionalizado, violento y corruptor; articulado con las bandas del microtráfico que siembran terror en las ciudades, con la complicidad del nuevo comunismo desde Cuba y Venezuela, y de los alcaldes “progres” de Cali, Medellín y Bogotá, focos del vandalismo alentado por su actitud complaciente y su falta de autoridad.
Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Por ello se impone la restauración de la Seguridad Democrática, el fortalecimiento de la Fuerza Pública con énfasis en la inteligencia y la tecnología, y por supuesto, con la cooperación de la sociedad.
Los ganaderos hemos retomado ese camino. Fedegán suscribió un convenio con MinDefensa para incentivar la denuncia y para que, a través de una aplicación tecnológica, se pueda hacer seguimiento, porque si el Estado espera cooperación y denuncia, el ciudadano espera que esa denuncia avance y tenga resultados.
Nota bene: El homenaje al ‘Mono Jojoy’, un insulto de las Farc al país y a las víctimas.
