Los abogados litigantes hacen parte de los profesionales a los que más duro ha golpeado la actual emergencia sanitaria. La Rama Judicial se guareció, quedamos a la deriva y a pesar que desde la Ley Estatutaria de 1996 y los modernos Códigos de Procedimiento Administrativo y General del Proceso, entre otros, se estableció el uso de las tecnologías de la información y el expediente digital, la justicia quedó al desnudo y en esta crisis no ha sido posible que el usuario haga uso de este servicio esencial. Jueces para tutelas y habeas corpus y cuarentena para descongestionar los despachos judiciales, solamente.
La administración de justicia funciona hacia dentro, trabajan para remediar un poco el represamiento y la mora pero no para el ciudadano. Y el abogado que ejerce su profesión no cuenta, porque el Consejo Superior de la Judicatura no avanzó en la tecnificación de los despachos judiciales y el Gobierno nacional no gira los recursos suficientes para atender la demanda que genera modernizar la administración de justicia.
Pero este apenas es uno de los males que golpean al gremio, el abogado no dispone de una aso ciación fuerte ni de un colegio que dignifique su profesión, por eso el Constituyente legisla sin escucharlo y la Rama lo ignora.
En Colombia –como dicen los profesores Mauricio García Villegas y María Adelaida Ceballos Bedoya– los conflictos sociales, los proyectos políticos, las noticias cotidianas, el debate público y hasta las guerras, todo eso, suele empezar y terminar (cuando termina) con discusiones jurídicas protagonizadas por abogados. Existe una fuerte juridización de la vida social y política: lo que no pasa por el derecho no se ve, no adquiere dimensión pública y relevancia política.
Al médico lo disciplina el Tribunal de Ética Médica, al Contador Público la Junta Central de Contadores, al Arquitecto el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y, en general, a cada profesional su propio gremio, sin embargo, en Colombia, la excepción somos los abogados, pues esa competencia sin justificación alguna la tienen los Jueces, una prerrogativa que no encontramos en otro país con sistema constitucional y democrático similar.
En España, por ejemplo, los Colegios de Abogados son Corporaciones de derecho público amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, con perso nalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Los fines esenciales de los Colegios de Abogados, en sus respectivos ámbitos, son la ordenación del ejercicio de la profesión; la representación exclusiva de la misma; la defensa de los derechos e intereses profesionales de los colegiados; la formación profesional permanente de los Abogados; el control deontológico y la aplicación del régimen disciplinario en garantía de la Sociedad; la defensa del Estado social y democrático de Derecho proclamado en la Constitución y la promoción y defensa de los Derechos Humanos, y la colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la administración de la Justicia.
Y esta es la dinámica en todos los países de la Unión Europea. La progresiva integración de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo y la intensificación de la actividad transfronteriza del abogado en el interior de estas áreas han hecho necesario que, en función del interés general, se definan unas normas comunes aplicables a todo abogado de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo en su actividad transfronteriza, cualquiera que sea el Colegio de Abogados al que pertenezca. Una de las funciones de estas normas consiste en atenuar las dificultades resultantes de la aplicación de una “doble Deontología”, como establecen, en particular, los artículos 4 y 7.2 de la Directiva 77/249/CEE y los artículos 6 y 7 de la Directiva 98/5/CE. Los hechos que puedan atentar contra la ética, son investigados por los Colegios de Abogados, no por los jueces. Incluso, deberán tener un seguro de responsabilidad civil profesional por una cuantía razonable, habida cuenta de la naturaleza y del alcance de los riesgos en los que puedan incurrir en el desempeño de su actividad.
En América Latina esa autonomía se mantiene, en Argentina, por ejemplo, con una tradición jurídica importante, las faltas éticas del Abogado son sancionadas por la Federación Argentina de Colegios de Abogados; en Chile el Colegio de Abogados de Chile A.G., asociación gremial sucesora legal del Colegio de Abogados; la norma aplicable y exigible a los abogados en el Perú, en lo que concierne a la ética y responsabilidad profesional es el Código de Ética del Abogado de los Colegios de Abogados del Perú vigente desde abril de 2012, e igualmente en Uruguay con el Colegio de Abogados de Uruguay, y así es en todo nuestro gran entorno Latinoamericano.
