Si mi memoria y mis datos no me fallan, fue en el siglo pasado, por allá en el año 1945, cuando el país comienza a organizar su sistema de salud y crea la Caja Nacional de Previsión Social. No había mucha experiencia entonces el tema del manejo de la salud y la información universal al respecto era difícil; por lo tanto, la Caja Nacional de Previsión presentaba muchas deficiencias.
Un año más tarde, en 1946, se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, y paralelo al Seguro Social se crearon algunos regímenes de salud, para algunos sectores independientes. Hasta que, en el año de 1991 con la creación de la Constitución, se eleva a derecho fundamental la salud de los niños en el artículo 44 y en el artículo 49 estableció la garantía y el acceso al servicio de la salud en su promoción, protección y recuperación para todos los habitantes.
Como estábamos en pleno auge de la apertura económica, el presidente César Gaviria colocó a consideración del Congreso un proyecto de ley, donde se generaba la posibilidad que la empresa privada (los particulares), ingresaran al negocio de la salud, artículo 365. Hecho que fue aprobado y es lo que conocemos hoy como la Ley 100 del año 1993.
Efectivamente como era previsible, los privados entraron e hicieron de la salud una mercancía. Se convirtieron dentro del negocio de la salud en los intermediarios, conocidos como EPS. Éstas, conforman y ofrece a sus afiliados una red de IPS públicas y/o privadas: consultorios, laboratorios, hospitales y todos los profesionales que individualmente o agrupados ofrecen sus servicios de atención a la salud.
Muy a pesar de que la constitución y la ley obliga a las EPS a ejercer la promoción y la prevención, eso se ofrece muy poco o no se cumple. Lo bueno de la ley, es que todos estamos obligados a tener el servicio de salud, lo que se conoce como Plan Obligatorio de Salud –POS–, incluso quienes por su condición económica no puede cotizar, ellos también están cubiertos por un POS-S, subsidiado. Miren ustedes que es universal (para todos los habitantes), el cubrimiento de salud. Lo malo es la ineficiencia del sistema, es ahí donde observamos que la empresa privada pareciera estar más interesadas en las utilidades que en prestar un servicio de calidad. Nos enredamos en una tramitología que hace lento el servicio, y eso en materia de salud es muy peligroso, porque está de por medio la integridad física del ser humano, la vida misma. A Dios gracia que la constitución también nos regaló la Tutela para defender nuestros derechos fundamentales. Hoy vemos los juzgados congestionados de acciones de tutelas, de familias enteras, desesperadas porque tienen un familiar al borde de la muerte y las EPS, con esa tranquilidad que desespera. Están pendientes o interesadas más a un trámite de una firma, un visto bueno, cualquiera de esos temas del “sistema” que han facilitado la muerte de muchísimos colombianos.
El Covid-19 nos ha puesto de manifiesto una realidad que nació con la ley 100. Nuestro sistema a pesar de tener una amplia cobertura es ineficiente. Desde hace mucho tiempo mueren en el país muchas personas por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (tráquea, pulmones, bronquios) y respiratorias agudas. He revisado algunas estadísticas de los años 2015 – 18, que me asombran, pero que a la hora de escribir el presente escrito no pude corroborar, por eso no las publico; pero son mucho más de las que llevamos por el Covid-19.
Se ha evidenciado que hospitales no tienen suficientes camas en las UCI, porque el criterio del número de camas está sujeto a la demanda, a la oferta, al mercado. Los enfermos no son pacientes son clientes. Es urgente hacer serias modificaciones a nuestra legislación de Salud.
