Es un reto para nuestros alaülayuu y para nosotros los jóvenes indígenas, en medio de la crisis de la pandemia Covid-19, el control territorial. Es verdad que existen unas recomendaciones desde el Gobierno nacional para el control de la no propagación del virus en nuestros territorios. Nosotros los jóvenes con nuestros ancianos, tenemos que idear estrategias del control de ingreso de personas a nuestros territorios, para reducir la posibilidad de contagio en nuestras comunidades. Serían los jóvenes y no los ancianos ni los niños, en estos sitios estratégicos de control dentro del territorio, que tendrán la función de exigir si están cumpliendo con el protocolo sanitario y si está dispuesto a someterse a las prácticas sanitarias nuestras; todo esto con el fin de garantizar el derecho a la salud de nosotros los indígenas en el contexto de la pandemia del coronavirus, las asociaciones y organizaciones indígenas deben ser los que tomen esta iniciativa para construir la política pública de la salud para pueblos indígenas desde la realidad del Covid-19.
En esta construcción se debe tener en cuenta lo que ya está establecido sobre la prevención básica para no contagiarse y evitar la propagación en la comunidad, las prácticas de las medicinas indígenas para que la atención médica sea intercultural. Si un indígena llega a morirse, como ha sucedido, en una clínica por causa del Covid-19, nosotros los indígenas, en un primer momento respetar lo que ha establecido el Gobierno nacional sobre las formas de manipular el cuerpo, inmediatamente, el personal médico de la clínica o del hospital, deben realizar un diálogo intercultural para que las prácticas mortuorias ancestrales no se vea amenazada en ser suprimida en medio de esta crisis mundial que ha generado el Covid-19.
Dentro de esta construcción se debe incluir el componente socioeconómico orientado para mitigar los efectos que pueda estar generando en las prácticas económicas actuales de nosotros lo indígenas, en el caso de los wayuú, el tejido y las ventas de las mochilas, chinchorros, las mantas; la venta de carne de chivo, ovejo, la práctica de la pesca, la sal. Otro componente muy importante será la exigencia al Gobierno nacional en no autorizar documentos legislativos que autoricen proyectos extractivos, de explotación dentro y alrededor de nuestros territorios. Ésta construcción debe estar enmarcada dentro de los estándares internacionales, por ejemplo, el Convenio 169 de la OIT, manifiesta lo siguiente: “Artículo 2: 1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”. Para la construcción de una política pública de salud que sea pertinente, en el contexto del Covid-19, las asociaciones y organizaciones indígenas, deberán, realizar un diálogo genuino con los alaülayuu dentro del territorio milenario de la e´iruku, entiéndase por e´iruku: familia extensa por línea materna. Todo esto es con el fin de tomar controles de medidas específicas dentro de nuestros territorios que vaya acorde a nuestros usos y costumbres; el diseño de esta construcción debe partir desde la sabiduría milenaria y luego articularse con los Derechos Humanos.
