En una de las recientes intervenciones realizadas por Gustavo Petro, el presidente de Colombia, durante las reuniones realizadas en medio del Foro Económico Mundial, donde habló sobre la necesidad de descarbonizar la economía mundial, si la raza humana quiere vivir en el planeta Tierra, en Colombia se volvió a poner en boca de todos la posibilidad del cierre de algunas de las empresas mineras del país, y particularmente en el departamento de La Guajira, donde está ubicada la mina más grande de carbón del mundo a cielo abierto, el Cerrejón.
Lo cierto es que, la opinión del presidente va en la línea de la reciente publicación del primer informe de evaluación del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático realizada el 13/08/2021, donde se analizaron cinco escenarios de emisiones de carbono a la atmosfera desde la más optimista al más pesimista. En todos ellos, la temperatura del planeta alcanzaría el umbral de +1,5ºC respecto a la era preindustrial alrededor de 2030, diez años antes de lo previsto en la estimación de 2018.
En dicho informe, se definió que los principales causantes del cambio climático en el planeta son el Carbón y los combustibles fósiles. Dentro de la publicación se dice que, se debe poner fin al carbón y a la generación de energías a partir de recursos fósiles, ya que las emisiones de gases de efecto invernadero creadas por estas y la desforestación están asfixiando al planeta.
En línea con lo anterior, durante la COP 26 se llegaron a unos acuerdos que hacen cada vez menos alentador el futuro del negocio del carbón. Durante este evento realizado en Londres en noviembre del 2021, se llegó a la conclusión que, más de 50 países se comprometieron a eliminar la producción de carbón, y no solo eso, fueron más allá, ya que, 77 países que participaron en el encuentro se comprometieron a cerrar gradualmente las plantas donde producen ese combustible fósil, las cuales generan más del 35% de la electricidad global, y a no construir nuevas.
Dentro de la descripción del plan propuesto en la COP 26, se prevé que los territorios más desarrollados renuncien al uso y producción de carbón para la década de 2030 y que las naciones más pobres lo hagan para el periodo de 2040. Si se cumple con cabalidad con este plan, a Colombia le quedan menos de 17 años para acelerar el proceso de transición para remplazar los ingresos generados por la gran minería.
Y la tarea es grande y difícil, de manera particular para el departamento de La Guajira, ya que, en materia laboral, la minería del carbón genera al menos la contratación de 8.500 personas, entre empleados y contratistas, de los cuales el 62% son oriundos de La Guajira y otro 30% de otros departamentos de la costa Atlántica. En materia de ingresos, esta actividad desde el año 2002 ha pagado entre impuestos y regalías más de $18,5 billones de pesos al país.
Por lo anterior, es precisamente el carbón y toda la actividad económica que se genera alrededor de este producto, uno de los mayores empleadores privados en los municipios del área de influencia y una fuente de ingresos para la salud administrativa del departamento y el país, que ante el escenario expuesto, si se acaba la explotación de materiales minero-energéticos es posible que en corto plazo no exista una empresa en la capacidad de generar empleos y la cantidad de ingresos vía impuestos para las arcas de la gobernación y los municipios que viven de las regalías.
De no tomar medidas a tiempo, podremos tener resultados nefastos, el caso que experimentan hoy los municipios que hacen parte del denominado Triángulo Minero en el vecino departamento del Cesar, de manera particular el municipio de La Jagua del Ibirico. Después de que la empresa Prodeco –filial de la multinacional suiza Glencore– cerró las dos minas de carbón, se presentó una alta pérdida de empleos y se sintió un fuerte impacto en las finanzas públicas. La Jagua de Ibirico, recibía alrededor del 85 % de sus ingresos de las regalías. Al cerrar la mina y perder ese dinero, el municipio bajó de categoría, pasó de tercera a quinta, lo que implicó recibir menos recursos de la Nación y perder importancia estratégica en la región.
El Gobierno nacional durante este cuatrienio va a acelerar el proceso de descarbonización de la economía colombiana, al parecer, va a marcar la hoja de ruta necesaria y a realizar los esfuerzos en conjunto de todos los actores relevantes, la empresa privada, la academia y la sociedad civil. Por parte del gobierno la apuesta por la implementación de políticas y regulaciones es ambiciosa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Las empresas deben adoptar prácticas sostenibles y reducir sus emisiones. La sociedad civil también debe ser consciente de su impacto y la academia debe responder a este reto innovando la forma en cómo se dará el crecimiento social.
A la vuelta de unos pocos años, habrá preguntas que toda la sociedad guajira debe responderse, entre ellas, ¿qué empresa va contratar a los futuros desempleados de la mina que salgan fruto del cumplimiento de estos acuerdos en el mundo? ¿Cómo se van a remplazar esos ingresos a las económicas de los municipios que llegan en forma de regalías y de salario, que entran a las alcaldías y a las tiendas de barrio y pequeños comercios que alimentan la formalidad e informalidad laboral de La Guajira? ¿Cómo el gobierno departamental va a remplazar los muchos o pocos recursos con los que cuenta del departamento fruto del Sistema General de Regalías? ¿Cómo se va a enfrentar el calentamiento del territorio y el que las aguas del mar no se traguen partes de municipios como Manaure, Dibulla y Riohacha?
Se debe acordar el lector que, ante las inquietudes anteriores, en este territorio se siguen presentando los peores problemas que se pueda imaginar: muertes de niños por hambre y enfermedades asociadas a la desnutrición; altas tasas de desigualdad, altas tasas de pobreza, alto índice de desempleo, falta de oportunidades, en fin., otros problemas más para los ya conocidos.
