¿Hasta dónde es justo responsabilizar a alcaldes y gobernadores por los problemas de sus territorios cuando reciben las competencias, pero no los recursos, la autonomía ni las capacidades necesarias para resolverlos?
La pregunta no busca convertir a los mandatarios territoriales en víctimas ni exonerarlos de sus deberes. Quien gobierna debe responder por sus decisiones, por sus omisiones y por el manejo transparente de los recursos públicos. Pero también debemos reconocer una realidad: en Colombia se ha descentralizado buena parte de las responsabilidades, mientras el poder fiscal, presupuestal y administrativo continúa concentrado en Bogotá.
A los alcaldes y gobernadores se les exige responder por el agua, la salud, la educación, la seguridad, las vías, los servicios públicos y la gestión del riesgo. Sin embargo, muchas veces deben hacerlo con presupuestos insuficientes, plantas de personal débiles y una interminable dependencia de ministerios, unidades nacionales y fondos administrados desde el nivel central.
El fenómeno de El Niño que enfrenta el país es un buen ejemplo. El Ideam ha advertido que podría alcanzar una intensidad muy fuerte durante los últimos meses de 2026 y prolongar sus efectos hasta el primer trimestre de 2027. Para La Guajira, un territorio históricamente golpeado por la escasez de agua, las altas temperaturas y la dispersión de sus comunidades, esto no puede tratarse como una contingencia ordinaria.
Nuestros municipios tienen fondos de gestión del riesgo porque así lo establece la Ley, pero su existencia formal no significa que cuenten con recursos suficientes. Un fondo vacío no apaga incendios, no lleva agua a las comunidades, no recupera pozos ni jagüeyes y tampoco atiende las consecuencias de una sequía prolongada.
La Ley 1523 de 2012 establece que los alcaldes son los responsables directos de la gestión del riesgo en sus municipios y que los gobernadores deben apoyarlos y responder en el ámbito departamental. Pero la misma Ley consagra los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad: cuando la capacidad municipal es insuficiente debe concurrir el Departamento y, cuando también se supera la capacidad departamental, debe intervenir la Nación.
La subsidiariedad no puede comenzar solamente después del desastre. No tiene sentido esperar a que se sequen las fuentes de agua, aumenten los incendios, mueran animales o las comunidades queden desabastecidas para reconocer que los municipios y el Departamento no podían afrontar solos la emergencia. La prevención cuesta menos que la improvisación.
Por eso, ante este fenómeno climático, el nuevo Gobierno tiene la oportunidad de inaugurar una relación distinta con las regiones. Una relación fundada en la confianza, la coordinación y la responsabilidad compartida. Si existe la voluntad de escuchar y tener en cuenta a los territorios, La Guajira puede ser el punto de partida.
La Nación debe transferir oportunamente recursos al Departamento y a los municipios, con destinación específica, metas verificables y controles estrictos. Esos recursos deben permitir fortalecer el abastecimiento de agua, recuperar pozos y jagüeyes, mejorar la capacidad de los cuerpos de bomberos, disponer de maquinaria, activar sistemas de alerta temprana y atender a las comunidades más vulnerables.
Algunos podrían responder que entregar recursos a los territorios aumenta los riesgos de corrupción. Pero la experiencia reciente nos deja otra enseñanza. Uno de los mayores escándalos relacionados con La Guajira -la adquisición de carrotanques para llevar agua- fue concebido, contratado y administrado desde una entidad del nivel nacional.
No fueron los municipios ni la Gobernación los que manejaron ese proceso. Sin embargo, el nombre de La Guajira terminó asociado al escándalo, como si nuestro territorio hubiera sido el responsable y no el lugar al que supuestamente iban dirigidas las soluciones.
Esto no debe utilizarse para alimentar una confrontación con la Nación. Debe servir para comprender que la centralización tampoco garantiza transparencia, eficiencia ni buenos resultados. La corrupción no se evita concentrando todas las decisiones en Bogotá, sino estableciendo controles efectivos allí donde se administren los recursos.
La respuesta debe ser descentralizar con transparencia, acompañamiento técnico, control preventivo, participación ciudadana y rendición pública de cuentas. Los recursos podrían transferirse directamente a los fondos territoriales de gestión del riesgo y contar con un sistema público que permita conocer cuánto recibió cada entidad, en qué se invirtió, quién contrató y cuáles fueron los resultados.
Alcaldes y gobernadores debemos asumir nuestras responsabilidades. Pero también debemos contar con los instrumentos necesarios para cumplirlas. No puede seguir ocurriendo que se entreguen las obligaciones, se concentren los recursos y después se señale a los territorios por no resolver aquello para lo cual nunca tuvieron capacidad suficiente.
Esta puede ser una oportunidad para demostrar que la Nación y las entidades territoriales no son competidoras. Forman parte del mismo Estado y deben trabajar juntas para proteger a la gente. La verdadera descentralización no consiste en repartir culpas, sino en distribuir competencias, recursos y poder de decisión.
Confiar en los territorios no es entregarles un cheque en blanco: es darles las herramientas para responder y exigirles que respondan. Porque sin confianza no hay descentralización, pero sin responsabilidad tampoco.
