Como se recordará, recién posesionado del cargo y a propósito del Presupuesto para la vigencia de 2019, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, alarmó al país cuando afirmó, sin rodeos, que el mismo estaba desfinanciado en $25 billones.
Basado en esta cifra descomunal, que había sacado de su propio magín y sin soporte documental alguno para criticar el gobierno anterior, calificándolo de “derrochón”, le anunció al país una reforma tributaria, que disfrazaron de Ley de Financiamiento, para enjugar el déficit. Se aspiraba recaudar por esta vía $19.46 billones en 2019 y $13.21 billones en 2020.
A poco andar y sin mayores explicaciones, como por arte de birlibirloque, según el Ministerio de Hacienda el verdadero faltante presupuestal se redujo a “sólo” $14 billones, de los cuales $11.3 billones se financiarían con la más dura reforma tributaria en muchos años. En última instancia, el ministro Carrasquilla se tuvo que resignar a que el mayor recaudo esperado con la Ley 1943 de 2018 de financiamiento se redujera a solo $7.3 billones para este año.
Se dijo entonces por parte del ministro Carrasquilla que el Gobierno saldría a vender el 8.5% de sus acciones en Ecopetrol, para completar el 20% de enajenación autorizado por el Congreso de la República mediante la Ley 1118 de 2006 e iniciar el proceso para la venta del 51% de su participación en ISA, una de las dos joyas de la Corona.
Adicionalmente, le solicitó al Comité consultivo de la Regla fiscal la flexibilización de esta, supuestamente para poder atender la masiva afluencia de inmigrantes venezolanos, cuyo costo estimaba en 0.5 puntos porcentuales del PIB. El Comité acogió su solicitud y elevó la meta del déficit fiscal del 2.4% del PIB a 2.7%.
No obstante, el ministro Alberto Carrasquilla al momento de radicar en el Congreso de la República el proyecto de presupuesto para la vigencia de 2020, pese a que el mismo, según el ministro está desfinanciado en $8.5 billones y es una incógnita saber de dónde van a salir, muy eufórico, planteó que se tiene un “panorama fiscal despejado”. Y como si lo anterior fuera poco desechó la decisión del Comité consultivo y hasta la fecha se ha mantenido en sus trece de alcanzar la meta del déficit fiscal para el 2019 de 2.4%. Y ello, descartando de paso, porque según él no se requiere, la venta anunciada de las acciones de Ecopetrol y de ISA. Ello dejó patidifusos a los analistas y a las firmas calificadoras del riesgo de la deuda soberana del país.
Pero nadie contaba con la jugadita de Carrasquilla, quien apoyándose en la facultad que le dio el Congreso de la República a través de la Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo para saldar deudas mediante la emisión de títulos de Tesorería –TES–, procedió a “recontratarla” por un valor de $28.4 billones, contratando nuevo endeudamiento por valor de $19.2 billones. Mediante este ingenioso mecanismo, de pagar deudas con más deudas, además de elevar el nivel de la deuda, según la Contraloría General de la República, hasta el máximo histórico de 59% del PIB, se ha terminado haciendo pasar como financiamiento gasto corriente, con lo cual se le hace trampa a la Regla fiscal simulando su cumplimiento.
No obstante, lo anterior y a pesar de que, según el ministro Carrasquilla el “panorama fiscal despejado” y supuestamente “a octubre el superávit primario de Colombia llegó a 0.9%” del PIB, al mismo tiempo la orden dada desde el palacio San Agustín es la de raspar la olla. Sí, porque no de otra manera se puede interpretar que, a pesar de que se va a recibir de manos del Banco de la República, por concepto de sus utilidades de este año, que no tienen precedentes, de $8 billones (asumiéndolas como ingreso del Gobierno y no como una fuente de financiamiento del déficit, como lo manda la ortodoxia contable), con los que no se contaba, el ministro Carrasquilla procedió a dar un paso inusitado. En efecto, echó mano de $3.2 billones de la reserva especial de Ecopetrol.
Tampoco le cuadran las cuentas al ministro Carrasquilla de cara al 2020, tanto más, habida consideración que el mayor impacto de los beneficios tributarios aprobados a favor de las grandes empresas, a los cuales se vinieron a añadir los beneficios aprobados en la reforma tributaria 2.0 en respuesta al paro N – 21, los cuales sumados superan los $12 billones.
Más, sin embargo, el ministro Carrasquilla insiste una y otra vez en que aspira y espera aumentar el recaudo con esta nueva Ley en 2020 en $11.4 billones.
