En Cartagena se realizó hace unos días la primera reunión de gobernadores y algunos alcaldes de la región Caribe. Como en cualquier cumbre global mundial, en la foto de los mandatarios departamentales aparecen con la novedad de un cartel que a la letra dice ‘Comemos o pagamos la luz – Tarifas justas para el Caribe’. Suponemos que esa reivindicación está consignada en sus Programas de Gobierno 2024-2027 y debe estar siendo operacionalizada en la primera versión de los respectivos Planes de Desarrollo.
Siguiendo el ejemplo de los recientes encuentros de las diversas potencias mundiales, como la COP28 (Medio ambiente), leyeron una declaración con siete puntos con los cuales estamos de acuerdo en principio, pero queremos hacer una reflexión con ánimo constructivo para que este problema, insoluble hasta el momento, se pueda resolver si hay voluntad política para hacerlo y si las fórmulas de solución son viables desde el punto de vista financiero y sostenible fiscalmente.
Por principio y complejidad, el dilema advertido hay que resolverlo entre todos los que tienen arte y parte en el asunto. Es necesario recordar de qué manera la Constitución Nacional y las normas correspondientes distribuyen el poder en términos de competencias y recursos para la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
En lo que corresponde a las autoridades territoriales del Caribe es oportunidad para incluir en los Planes de Desarrollo 2024-2027 las acciones de su competencia para los siete departamentos y los municipios de la región utilizando los tres principios para ejercer las responsabilidades gubernamentales: concurrencia, complementariedad y subsidiariedad.
En concreto, la concurrencia es definida para el caso que nos ocupa en los siguientes términos: Cuando dos o más autoridades de planeación (departamental, Distrital y municipal) deban desarrollar actividades en conjunto hacia un propósito común (Tarifas justas para el Caribe), teniendo facultades de distintos niveles su actuación deberá ser oportuna y procurando la mayor eficiencia y respetándose mutuamente los fueros de competencia de cada una de ellas. (Ley 152/1994 art 3°).
En los anteriores términos, la concurrencia se debe expresar en la imperiosa articulación entre los niveles de Gobierno como lo define el art 5° Ley 152/1994 que dispone textualmente el necesario “señalamiento de las formas, medios e instrumentos de vinculación y armonización de la planeación nacional con la planeación sectorial, regional, departamental, municipal, Distrital y de las Entidades Territoriales Indígenas”.
A su vez, frente al dilema planteado por los gobernadores y la gobernadora de Sucre, el Gobierno nacional de turno invocará para resolver el pliego de peticiones, el artículo 4 de la regla fiscal (Ley 1473 de 2011) que define la coherencia como “El plan de inversiones del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, el marco de gasto de mediano plazo, el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones y el proyecto de ley de presupuesto general de la nación, deben ser consistentes con la regla fiscal, contenida en el marco fiscal de mediano plazo”.
En este orden de ideas, el Ministerio de Minas y Energías en la reunión del 30 de enero 2024, reiterará las soluciones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 -2026 en relación con los siete puntos de la declaración de los gobernadores la semana pasada a propósito del dilema ‘Comemos o pagamos la luz’.
Específicamente, en los puntos 2, desmontar el cobro de las pérdidas no técnicas en el recibo de energía eléctrica; 3, la creación de la Comisión Intersectorial de Servicios Públicos, así como la transformación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg); y el 4, agilizar la transición energética de proyectos de energías renovables no convencionales y de las comunidades energéticas a través de alianzas público populares. Particularmente, enfatizará frente a la primera parte del dilema (Comemos), en la apuesta que está contenida en la hoja de ruta nacional 2022-2026 como son los programas ‘Derecho a la alimentación’, que sugerirá incluir en las bases de los Planes de Desarrollo Territorial en formulación.
Inevitablemente es urgente seguir agenciando la mesa de concertación para que a través del diálogo constructivo y propositivo de todos los responsables de la regulación, generación, transmisión, comercialización y consumo de la energía eléctrica en la región Caribe rompan el círculo vicioso, y den paso al virtuoso, para resolver el dilema planteado en donde, como en el juego del ‘toma todo’ (la pirinola), todos pongan y todos ganen.
