¿La justicia en Colombia es lenta o hay quienes saben administrarla a su favor?
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, la empresa más grande e importante del país, y quien fue el gerente de campaña presidencial de Gustavo Petro, tiene un juicio encima. La Fiscalía ya tenía el expediente listo, los testigos citados, las fechas marcadas en el calendario de la justicia. ¿Y qué hace Roa? Pide vacaciones. Y de paso, licencia no remunerada.
Eso es lo que en el derecho popular colombiano se llama una ‘jugadita’.
Pero retrocedamos. Porque la historia de Roa no empieza en la audiencia que está programada. Empieza antes, cuando dijeron que habían recibido plata de ‘Papá Pitufo’. Nos dijeron “que sí, que llegó, pero que la devolvieron. Que todo quedó en ceros, en paz, en nada”. El detalle incómodo es que no existe una sola prueba de que esa devolución haya ocurrido. Solo la palabra de quienes tienen todo el interés del mundo en que uno les crea.
En Colombia llevamos décadas viendo esta misma película con distintos actores. El esquema no varía: reciben, niegan, dicen que ‘devolvieron’, y cuando la justicia se acerca, sacan el manual de supervivencia del funcionario acorralado: pedir tiempo. Vacaciones, licencias, incapacidades médicas, viajes impostergables o compromisos familiares. Cualquier cosa que meta distancia entre el cargo, el expediente y la audiencia.
Porque el cargo, mientras lo tengan, es su mejor defensa. Eso es lo que Roa entiende perfectamente. La Presidencia de Ecopetrol no es una responsabilidad para él. Es una coraza. Se usa cuando sirve, se abandona cuando aprieta, y se recupera cuando pasa el vendaval. Mientras tanto, los abogados trabajan, los testigos se cansan, las pruebas envejecen, y la opinión pública voltea a mirar otro escándalo, porque Colombia siempre tiene otro escándalo.
Pero hay algo más profundo aquí, algo que va más allá de Roa y de su jugadita particular. Esta clase política colombiana es adicta. No al trabajo, no al servicio, no al país que dicen amar en cada discurso. Son adictos al cargo, a la silla, al carro oficial, a la tarjeta de presentación con membrete del Estado, a la foto con el poderoso de turno, a la llamada que se devuelve porque usted representa algo, a decir “¿usted no sabe quién soy yo?”. Son adictos a la dignidad prestada que otorga el puesto. Porque en el fondo saben que sin el cargo son lo que siempre fueron: ciudadanos comunes con cuentas que rendir y sin nadie que los proteja.
Y eso, para ellos, es una carga insoportable.
Por eso no se van solos. Por eso no renuncian cuando el honor y el país lo exigiría. Por eso no dicen «voy a enfrentar esto como ciudadano de a pie, sin privilegios, sin escudos institucionales». No. Se aferran. Negocian. Piden tiempo. Invocan el cargo como si fuera un derecho adquirido y no una responsabilidad temporal.
El servicio público tiene una premisa que estos personajes nunca entendieron, o se negaron a entender: es temporal. Usted llega, sirve, se va. No es su casa, no es su empresa, no es su herencia. Es un mandato que la sociedad le confía por un tiempo limitado, con reglas claras y con consecuencias cuando se rompen. Las vacaciones no borran los hechos. La licencia no suspende la verdad.
Roa quiere descansar, que se venzan los términos. Pero, la verdad reinará. La justicia también importa.
