La crisis del sistema de salud no es un fenómeno reciente, sino un problema estructural que se ha venido gestando desde hace más de tres décadas, puntualmente tras la implementación de la Ley 100 de 1993. Si bien el sistema logró coberturas de afiliación casi universales, pero los mercaderes de la salud, enquistados muchas veces en algunas IPS, en varias EPS, más los fallos acumulados y fallados sin ningún escrúpulos por carteles que se organizaron con la venia de algunos jueces y actores del sector, terminaron por fracturarlo financieramente en diferentes etapas críticas a lo largo de los años con la estocada final en este cuatrienio que pondrá en aprietos al nuevo Gobierno que inicia el próximo 7 de agosto.
la Ley Estatutaria 1751 de 2015, establece como un derecho fundamental e integral, el derecho a la salud; es la garantía universal, autónoma e irrenunciable de acceder de manera oportuna, eficaz y de calidad a los servicios necesarios para la promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento, es un derecho fundamental porque resulta indispensable para el ejercicio de todos los demás derechos humanos, su importancia se sostiene en tres pilares claves: 1) Dignidad humana, 2) Derecho habilitante, y 3) Bienestar integral.
Nadie puede afirmar que las dificultades del sistema hayan comenzado con el saliente Gobierno, pero sí la crisis explícita anunciada y deliberadamente provocada por el Gobierno del cambio de la vida. Con la creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud en 1993, se introdujo el modelo de aseguramiento comercial donde las Entidades Promotoras de Salud (EPS) entraron al sistema como intermediarias de los recursos públicos, este modelo priorizó la rentabilidad económica sobre la prevención y el derecho fundamental a la salud y le abrió la puerta a la corrupción, ciega a muchos gobiernos en su momento.
La crisis económica del sector se agudizó marcadamente en 2010. A través de la Sentencia C-463, la Corte Constitucional que obligó a regularizar los recobros por servicios que no estaban incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (No POS),esto disparó las deudas del Estado y los desfalcos, generando un déficit fiscal constante y la incapacidad de pago de muchas EPS hacia los hospitales y clínicas quienes en un porcentaje nada despreciables, aprovecharon esta brecha para sobrefacturar para recaudar dinero fácil y hoy el remedio de esa delictiva práctica les está pasando a algunos, cuenta de cobro, fue peor el remedio que la enfermedad.
Los principales retos del Plan de Gobierno del presidente electo, Abelardo De la Espriella, para resolver los problemas del sistema de salud se deben centran en el rescate financiero, la estabilización operativa y la atención humanitaria urgente. El mayor reto radicará en generar nueva financiación y arrancar pagando los servicios actuales, después de una auditoria seria, ya que destinar los recursos existentes para saldar las deudas acumuladas de décadas es inviable económicamente.
Tranquiliza la posición del presidente electo Abelardo De la Espriella quien ha dejado claro que su prioridad no es reemplazar radicalmente el modelo actual, sino corregir sus fallas financieras y de gestión mediante un enfoque de estabilización pragmática; más allá de si esto se traduce se esperará una reforma estructural profunda bajo el nuevo modelo de Gobierno del presidente electo.
Ya confirmado el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, los colombianos esperamos que el nuevo Gobierno del presidente electo Abelardo De la Espriella solucione de manera rápida la profunda crisis financiera y el desabastecimiento que afectan la atención médica en todo el país. Tras ratificarse su triunfo en las urnas para el periodo 2026-2030, el sector de la salud y los ciudadanos aguardan la ejecución del plan de estabilización institucional y financiera prometido por el mandatario en la conformación de la Patria Milagro, donde prime una salud más humana, oportuna y de calidad.
