El río Ranchería nace en la Sierra Nevada de Santa Marta, jurisdicción de La Guajira, y desemboca en Riohacha sin tocar territorio de ningún otro departamento. Durante su recorrido pasa por un lugar estrecho conocido con el nombre de ‘El Cercado’, enmarcado, por el oriente y occidente, por dos cerros contiguos; parece ser que alguien visionó que en ese sitio era factible la construcción en un futuro de una represa, idea que fue difundiéndose de generación en generación, hasta tal punto en que no tardó en convertirse en caldo de cultivo para que los candidatos de turno a la presidencia de la República utilizaran cada vez su verborrea demagógica y populista ofreciendo su construcción, en el evento de triunfar en sus aspiraciones, promesas que se diluían durante su mandato.
Ahora bien. En 1966, el ingeniero agrónomo barranquero Raúl Peláez Carrillo y su colega Efraín Avelino Medina Parodi, natural de Fonseca, en calidad de representantes a la Cámara en ese entonces, presentaron un proyecto de Ley ante esa corporación direccionado a la construcción de esa importantísima obra, proyecto que al ser aprobado se convirtió en la Ley 29 de ese año, cuyos dos primeros artículos rezan así:
“Artículo 1°: Aprópiese la partida de cinco millones de pesos a favor del Fondo Nacional Agrario del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, con destino especial a la financiación de los estudios técnicos y diseños necesarios de ingeniería para la construcción de las represas de ‘Cuestecita’ y el ‘El Cercado’ en la cuenca hidrográfica del río Ranchería, y obras anexas de canales de irrigación y avenamientos, y otras de desarrollo hidroeléctricos en los municipios de Maicao y Fonseca, respectivamente, con destino al aprovechamiento de los caudales del mismo río en La Guajira”.
“Artículo 2°: Autorizase al mismo Instituto (…) para la ejecución de las obras de aprovechamiento de las aguas del río Ranchería, inmediatamente sean aprobados los estudios y diseños técnicos a que se refiere el artículo anterior (…)”.
Y, seguramente, por falta de gestión por parte de dirigentes guajiros, esa ley se convirtió en letra muerta. Durante el último mes del gobierno de Ernesto Samper Pizano esa obra alcanzó a ser adjudicada al constructora brasilera Odebrecht, con tan mala suerte que al ser reemplazado por Andrés Pastrana, este anuló lo actuado por su antecesor, formándose un lío jurídico en que pocos son los que están enterados en La Guajira en qué terminó, incluyendo al suscrito. Lo importante es que el nuevo gobierno abrió una nueva licitación, que favoreció al consorcio Unión Temporal Guajira (UTG) para su construcción, y otros colaterales para lo del diseño y la interventoría, inherentes al cumplimiento de la primera etapa, que era la de la construcción de obras civiles, con las siguientes características:
Capacidad de almacenamiento del embalse: 198 m3. Área a beneficiar: 18.536 Has. (15.246 para el distrito Ranchería y 3.290 para el de San Juan del Cesar). Profundidad máxima de la represa: 110m. Longitud del embalse: 375m. Ancho de la cresta: 8m. Long del rebosamiento: 404m lineales. Caudal del río al inicio del embalse: 7.3 m3/seg; en invierno puede legar a 20. Long del túnel de desvío hacia el distrito de San Juan del Cesar: 638m. Inauguración: noviembre de 2010. Costo total hasta el día de su entrega: $650.000 millones.
Actualmente está convertida en un elefante blanco, mientras que sus dos correspondientes distritos de riego están en veremos, “hasta cuando San Juan baje el dedo”.
