Después del comentario que públicamente expresó de manera informal, el expresidente Álvaro Uribe Vélez en finca Llanogrande, ubicada en Rionegro, Antioquia, al padre Francisco Del Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, informándolo de actitudes y comportamientos cuando ejercía como mandatario de los colombianos, durante dos periodos de gobierno, para desvirtuar acusaciones y sindicaciones que dieron lugar a investigaciones penales. El expresidente propuso la aprobación de una ley que beneficie de igual forma a guerrilla, paramilitares, militares y por pérdidas de investiduras, a implicados de manera directa, indirecta y colateral, en conflictos armados con borrón de deuda en la justicia. El expresidente Uribe exceptúa del beneficio, a delitos de lesa humanidad, investigados por la Corte Penal Internacional y los de corrupción en contratación pública.
El senador y aspirante a la Presidencia, Gustavo Petro, respondió con un trino estar de acuerdo con la propuesta, condicionada a lineamientos y compromisos. Dos tendencias opuestas y radicales, en pretensiones y caprichos, comulgan para respaldar amnistías a quienes participaron e intervinieron en disputas armadas internas para sanear acosos, originando procesos penales.
Para lograr el objetivo, buscan unificar leyes, justicias y a paz con la aprobada en el proceso en el proceso de paz con la Farc, modificando y adicionando normas complementarias de extensión en beneficios blindados. Lo raro que observo es que únicamente hace alusión de corruptos en contrataciones, cuando la corrupción es el peor mal en la humanidad.
El proyecto de amnistía debe ser concertado por legislativo, gobierno y actores de conflictos armados, sujetándose a requisitos mínimos de exigibilidad, relacionado con verdad y reparación, imponiendo impedimentos e inhabilidades futuras en términos definidos a beneficiarios.
La amnistía propuesta por el expresidente Uribe divide opiniones, originando oposiciones y rechazos sobre todo por el fiscal general Francisco Barbosa, quien justifica su oposición, porque la amnistía va contra derechos humanos, deslegitima la JEP y genera impunidad. Los comisionados de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos, Sergio Jaramillo y Humberto de La Calle, manifiestan que se pretende derrumbar los avances de Colombia con amnistía, que afectarían a las víctimas, a miembros de fuerzas militares y se esfumaría la seguridad jurídica. ¿De qué seguridad jurídica hablamos en Colombia, donde reina impunidad, omisión e indiferencia, con autoridades corruptas? Borrón y cuenta nueva, replica el expresidente Uribe, alegando que en la misma forma, en que indultaron a la Farc, indulten a todos los miembros del Ejército implicados en falsos positivos y organizaciones paramilitares.
