Al acoger los argumentos de la Procuraduría General de la Nación en una acción popular, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó el embargo de las cuentas de ahorro y corrientes, así como el secuestro de los bienes muebles e inmuebles de la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020 y de los socios que la integran, por un monto de $70.243.279.599.
En respuesta a la solicitud de medidas cautelares invocadas por el Ministerio Público y en una decisión histórica para proteger los derechos colectivos a la moralidad administrativa y el acceso al servicio esencial de internet, el tribunal levantó el velo corporativo de las sociedades que conforman la UT, con el propósito de evitar que se consolide un daño al patrimonio del Estado.
El monto del embargo decretado es igual al valor del anticipo pagado por el Funtic a la UT para la conexión a internet de las escuelas rurales del país.
En su decisión, el tribunal precisó que se acreditaron “los requisitos para la procedencia de la medida cautelar de urgencia propuesta por la Procuraduría General de la Nación, comoquiera que se encuentra demostrado que no conceder la cautela daría lugar a que la sentencia que eventualmente sea proferida declarando la vulneración de los derechos e intereses colectivos tenga efectos nugatorios”.
