Durante la instalación de un nuevo Diálogo Constitucional en Barichara, Santander, la presidenta de la Corte Constitucional, la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, encendió las alarmas frente a la grave crisis de acceso al agua potable en Colombia.
El encuentro, centrado en el derecho al agua, reunió a distintos actores con el objetivo de analizar esta problemática desde una perspectiva jurídica y social. En su intervención, la magistrada fue enfática en señalar que el acceso al agua no solo es fundamental, sino un derecho autónomo ligado directamente a la dignidad humana.
Meneses Mosquera cuestionó la distancia entre los planteamientos jurídicos y las realidades que enfrentan muchas comunidades. En ese sentido, advirtió que las discusiones teóricas resultan insuficientes frente a problemáticas concretas que afectan la vida diaria de miles de personas, especialmente en territorios apartados.
Además, hizo un llamado contundente al referirse a La Guajira, cuya situación calificó como una “vergüenza nacional”. Según explicó, es inadmisible que en pleno siglo XXI persistan escenarios donde la falta de agua potable se agrava por deficiencias en la infraestructura, problemas administrativos e incluso hechos de corrupción. Asimismo, señaló que esta crisis impacta con mayor fuerza a comunidades vulnerables, como el pueblo wayuu, que enfrenta condiciones precarias para acceder a fuentes seguras de agua.
“Hemos venido a escuchar el dolor de quienes viven las inclemencias de un Estado que a veces parece una sombra lejana. Nos indigna La Guajira, y lo digo sin matices. Es una vergüenza nacional que en pleno siglo XXI la falta de agua potable sea la excusa para que la corrupción haga un festín con el hambre y la sed de nuestros hermanos wayuu», expresó.
En el espacio también intervino el relator especial de la ONU para el derecho al agua, Pedro Arrojo Agudo, quien recalcó que este derecho no puede quedarse en el papel. Subrayó que los Estados están obligados a convertirlo en acciones tangibles, mediante marcos normativos sólidos, inversión sostenida y mecanismos de seguimiento, especialmente en territorios con mayores dificultades sociales y ambientales.
Durante el diálogo, expertos coincidieron en que la garantía del derecho al agua requiere un trabajo articulado entre jueces, instituciones públicas y la academia. En ese sentido, plantearon la urgencia de diseñar políticas públicas que integren el acceso al agua con la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades.
Finalmente, la magistrada insistió en que estos espacios deben traducirse en soluciones concretas y no quedarse en el plano teórico, destacando que la justicia constitucional debe servir como puente entre los compromisos en derechos humanos y las realidades urgentes que enfrentan miles de colombianos.
