La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se pronunció frente a los cuestionamientos relacionados con sus gastos de viajes, el arrendamiento de su sede en Bogotá y señalamientos sobre presuntas irregularidades, y sostuvo que la información sobre su gestión y ejecución presupuestal se encuentra disponible para consulta pública.
En relación con los desplazamientos al exterior, el tribunal explicó que estos obedecen a invitaciones oficiales para presentar ante la comunidad internacional los avances de su modelo de Justicia Transicional Restaurativa y participar en espacios judiciales relacionados con derechos humanos y derecho penal internacional. La JEP recordó además el reconocimiento internacional del Acuerdo Final de Paz.
Sobre el inmueble que ocupa su sede principal en Bogotá, la entidad señaló que durante los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro se impulsaron proyectos para adquirirlo, pero ambos procesos no avanzaron tras conceptos desfavorables de las autoridades correspondientes. Para 2026, la JEP indicó que el valor comercial estimado del edificio es de $288.538 millones, y aclaró que los $20.975 millones corresponden a su valor catastral de 2020.
Finalmente, la JEP afirmó que ha atendido los requerimientos de los organismos de control y señaló que, tras siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría, no registra hallazgos de corrupción, según lo expuesto en su comunicado.
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