La plenaria del Senado de la República aprobó en las últimas horas una iniciativa que tiene que ver con la implementación del mínimo vital de agua para la población más vulnerable del país.
Con ponencia del senador Guido Echeverri Piedrahita, la Comisión Sexta del Senado le dijo sí en primer debate al proyecto de ley No. 196 de 2022 cuyo objetivo es “Fijar lineamientos para la formulación e implementación de programas de gratuidad del mínimo vital de agua potable por parte de municipios y distritos y así avanzar en el propósito de que el Estado cumpla con su deber de garantizar, especialmente, a la población más vulnerable el derecho al agua potable”.
Se trata de una iniciativa con autoría de los senadores David Luna, Cambio Radical; Marcos Daniel Pineda, Partido Conservador; Juan Pablo Gallo, Partido Liberal; Miguel Uribe, Centro Democrático y su ponente, Guido Echeverri Piedrahita.
Luego de estudiar los conceptos por el Ministerio de Hacienda se planteó una proposición sustitutiva para que distritos y municipios que alcancen una cobertura del servicio de acueducto igual o superior al 90% implementen programas para garantizar la gratuidad del mínimo vital de agua potable a quien lo necesite y no con subsidios tarifarios como se presentó el texto inicialmente.
El mínimo vital de agua deberá estar dentro del rango de 1,5 a 2,5 metros cúbicos por persona al mes o 6 metros cúbicos por suscriptor. En lo que respecta al término de implementación, se deberá efectuar a más tardar dentro de los dos años siguientes al inicio de la vigencia de la presente ley y a más tardar dentro de los dos años una vez los municipios o distritos alcancen el 90% de la cobertura en el servicio de acueducto.
Para el senador Marcos Daniel Pineda, autor de esta propuesta, la medida aplicará para las personas que hagan parte del nivel A del Sisbén. Indicó que el mínimo vital por metros cúbicos se definirá dependiendo de la ubicación de cada municipio con respecto al nivel del mar.
En términos de financiación, se dispondrán recursos propios, recursos del sistema general de participaciones y los demás que, según sea el caso, no afecten el marco fiscal de mediano plazo en cada municipio. También se celebrarán contratos o convenios que correspondan con los operadores del servicio de acueducto, estableciendo las condiciones, el volumen, los montos, la inclusión de los beneficiarios y su retiro.
Finalmente, el senador Roberth Daza Guevara, Coalición Pacto Histórico, aplaudió la aprobación del proyecto y aprovechó para manifestar su descontento con la privatización de acueductos en ciertos sectores del campo colombiano. “Tenemos que avanzar en el fortalecimiento de los sistemas de acueductos comunitarios y desescalar el servicio del agua como un negocio. No buscamos que las empresas se quiebren, pero tampoco que hagan negocio con las tarifas”, indicó.
