El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, durante la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos, alertó que la seguridad de personas en reincorporación se mantiene en alto nivel de riesgo.
“La seguridad individual y colectiva de las personas en proceso de reincorporación está en un nivel de riesgo alto. Desde 2017 hemos emitido 81 Alertas Tempranas, en las que se advierten riesgos elevados para ellos en 131 municipios de 23 departamentos”, afirmó.
En un acto desarrollado en Granada, Antioquia, el funcionario presentó un balance en el que se establece que el riesgo para esta población es elevado, sobre todo, en zonas con limitada presencia de la oferta social estatal, particularmente en zonas rurales dispersas o de frontera.
“En especial hay exacerbación de la violencia en Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y la Orinoquía, donde se registran afectaciones graves a la vida e integridad de personas en reincorporación. También se han identificado riesgos en Medellín, Bogotá y sus alrededores, donde hay factores de vulnerabilidad asociados, por ejemplo, a la estigmatización social en su contra”, dijo Carlos Camargo.
En su balance, la Defensoría advierte que los grupos armados ilegales, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC– y las facciones disidentes de las Farc, quieren vincularlos a sus filas a través de acciones de disuasión, de cooptación o de sometimiento violento.
Para el departamento de Antioquia se han emitido 31 Alertas Tempranas, de las cuales 12 advierten riesgo para población en proceso de reincorporación.
Precisamente, el defensor del Pueblo lanzó el ‘Pacto por la No estigmatización’, con el que se busca que tanto las personas en proceso de reincorporación, como los líderes sociales o quienes luchan por los derechos en sus comunidades, no sean tildados de manera despectiva, sino que por el contrario se reconozca el valor de su trabajo diario.
“Las personas en proceso de reincorporación son una población en especial condición de vulnerabilidad. Por eso, es urgente la implementación de acciones de protección individuales y colectivas para esta población en riesgo, que se tomen en cuenta los escenarios advertidos por la Defensoría del Pueblo y que también sean flexibles y se adapten a las necesidades de dichas poblaciones, tanto en zonas rurales dispersas como en entornos urbanos”, puntualizó Carlos Camargo.
