La Contraloría General de la República evidenció serias deficiencias en la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (Pine), advirtiendo que, hasta 2023, solo se había cumplido el 14% de la meta de aulas proyectadas para 2030. Según el informe, de las 51.134 aulas necesarias para implementar la Jornada Única en las instituciones educativas oficiales, apenas se han entregado 7.358.
Los 329 proyectos concluidos hasta la fecha representan apenas el 9,6% de las necesidades del sector oficial, mientras que de los 525 proyectos en ejecución, el 74,5% se concentra en zonas urbanas, en contradicción con el Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018), que priorizaba la inversión en áreas rurales. Además, la viabilización de predios ha sido un obstáculo significativo, pasando de una efectividad del 72% en la primera convocatoria a solo el 15% en las más recientes.
El análisis al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (Ffie) reveló 90 hallazgos en supervisión y 66 en cumplimiento de contratos, lo que pone en evidencia deficiencias en la gestión y control de los proyectos. Entre 2020 y 2023, los hallazgos fiscales ascendieron a $40 mil millones, con mayor impacto en la región Centro Oriente ($26 mil millones), seguida del Eje Cafetero ($7 mil millones) y el Centro Sur ($3 mil millones).
En su investigación sobre 318 proyectos del Pine 2015-2018, la Contraloría detectó irregularidades graves, profiriendo fallos de responsabilidad fiscal por más de $20 mil millones. Las anomalías incluyen 23 proyectos abandonados, sobrecostos en 136 obras, pagos excesivos en 70 contratos y costos desproporcionados en 179 proyectos de interventoría.
Pese a este panorama, el ente de control destacó que su intervención permitió la finalización y puesta en funcionamiento de 57 de las 80 instituciones inicialmente abandonadas. Sin embargo, el informe alerta la urgencia de fortalecer la supervisión y asegurar la correcta inversión de los recursos para evitar que la infraestructura educativa siga rezagada.
