La Contraloría General de la República abrió una indagación preliminar contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por posibles irregularidades y sobrecostos relacionados con contratos suscritos durante las elecciones de 2026 para la capacitación de testigos electorales.
La actuación del organismo de control fiscal busca revisar la contratación destinada, entre otros aspectos, a la implementación de herramientas tecnológicas, servicios de ciberseguridad, elaboración y distribución de cartillas y actividades de capacitación dirigidas a los testigos electorales.
Como parte de las verificaciones, la Contraloría solicitó información detallada sobre los contratos celebrados entre el CNE y la Unión Temporal Actores Electorales 2026. Esta unión temporal está conformada por las empresas LinkTic, con una participación del 95 %, y BexTechnology, con el 5 % restante.
El requerimiento incluye datos sobre las fechas de inicio y terminación de cada contrato, su valor, objeto, estado actual, interventor o supervisor y los pagos efectuados. Con esta información, el organismo busca establecer las condiciones en las que fueron ejecutados los recursos públicos destinados a estas actividades electorales.
La Contraloría aclaró que la apertura de la indagación no constituye una declaración de responsabilidad contra el CNE ni contra los involucrados en los contratos. Se trata de una etapa inicial de verificación dentro de sus competencias para examinar operaciones, actos y contratos en los que estén comprometidos recursos o bienes públicos.
Una vez concluyan las actuaciones correspondientes, el organismo de control fiscal dará a conocer los resultados de la indagación y determinará si existen elementos que permitan establecer alguna irregularidad.
