El presidente Gustavo Petro podría ser citado a rendir indagatoria dentro de la investigación que adelanta la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022.
La solicitud fue presentada por los representantes investigadores Gloria Arizabaleta Corral y Wilmer Carrillo Mendoza, quienes manifestaron su desacuerdo con el cierre de la etapa de investigación previa y consideraron necesario ampliar las actuaciones para esclarecer los hechos que son objeto de análisis.
Según los congresistas, durante las indagaciones habrían surgido elementos que apuntan a posibles gastos que no habrían sido reportados dentro de la contabilidad de la campaña, razón por la cual consideran pertinente avanzar en nuevas diligencias y escuchar directamente al mandatario.
La petición contempla la práctica de pruebas testimoniales, documentales y periciales, además de garantizar al jefe de Estado todas las garantías procesales establecidas en la ley, entre ellas el derecho a la defensa, a guardar silencio y a conocer los hechos que se le atribuyen dentro del proceso.
Dentro de las diligencias propuestas también figura la toma de declaraciones a varias personas vinculadas a la campaña presidencial de 2022, entre ellas integrantes del equipo jurídico, responsables de auditoría y representantes de empresas que habrían mantenido relaciones contractuales durante el proceso electoral.
Los investigadores solicitaron además requerir información a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) sobre posibles operaciones inusuales o sospechosas relacionadas con los movimientos financieros de la campaña.
De igual manera, plantearon remitir copias a la justicia ordinaria en caso de encontrarse personas sin fuero constitucional presuntamente involucradas en los hechos investigados, así como informar sobre la apertura de la investigación a la Contraloría General de la República y al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales.
El caso continúa bajo estudio de la Comisión de Acusación, organismo encargado de investigar a los altos dignatarios del Estado, mientras se define el rumbo de las actuaciones solicitadas por los representantes investigadores.
