La Defensoría del Pueblo reportó 257 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales en Colombia durante 2025, una práctica que continúa afectando a comunidades vulnerables pese a las alertas institucionales y los compromisos del Estado en materia de protección de la niñez.
El informe indica que la mayoría de las víctimas son niños y adolescentes hombres, aunque las niñas siguen representando una proporción significativa. Además, casi la mitad de los casos corresponde a población indígena, lo que evidencia un impacto desproporcionado en comunidades étnicas y territorios históricamente golpeados por el conflicto armado.
En el balance territorial, Cauca lidera el número de reportes, seguido de otros departamentos con presencia de estructuras armadas. La Guajira también aparece en el registro con un caso documentado, lo que confirma que el fenómeno no es ajeno al departamento, aunque podría existir subregistro debido a barreras de denuncia y condiciones de seguridad.
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Responsables y evolución del conflicto
La Defensoría del Pueblo señaló que el principal presunto responsable del reclutamiento infantil es el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, seguido por otras estructuras disidentes, el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia. La presencia de múltiples actores armados refleja la fragmentación del conflicto y la persistencia de disputas por control territorial y economías ilícitas, especialmente en zonas rurales con limitada presencia institucional.
La entidad también advirtió que en varios casos no fue posible identificar con precisión al grupo armado responsable, lo que evidencia las dificultades de acceso a los territorios y el temor de las comunidades para denunciar este tipo de hechos.
La Guajira en el contexto nacional
Aunque el número de casos reportados en La Guajira es bajo frente a otros departamentos, la Defensoría y organizaciones de derechos humanos han advertido que las cifras pueden no reflejar la dimensión real del fenómeno. Factores como la dispersión geográfica, la presencia de economías ilegales, la frontera con Venezuela y las limitaciones institucionales pueden generar subregistro y dificultar la documentación de casos.
El departamento enfrenta condiciones estructurales de vulnerabilidad social y territorial que podrían ser aprovechadas por actores armados para vincular menores a sus actividades, por lo que la presencia de un caso documentado constituye una alerta temprana sobre riesgos latentes en la región.
