El proyecto de ley 145 de 2023, que busca establecer un mecanismo expedito para desvincular de cargos públicos a personas investigadas por delitos contra menores, se encuentra en suspenso en la Cámara de Representantes, a la espera de su segundo debate.
La iniciativa, liderada por el congresista Jorge Eliécer Tamayo Marulanda, del Partido de la U, plantea una medida preventiva para separar de su rol a docentes y cuidadores en entornos educativos o de atención infantil si enfrentan denuncias penales por delitos contra la integridad y libertad sexual de menores.
El proyecto propone implementar un procedimiento administrativo que permita, sin violar la presunción de inocencia, apartar temporalmente a los señalados mientras avanza el proceso judicial. Este enfoque prioriza la protección de la integridad de los niños y adolescentes, considerados una población vulnerable, especialmente en entornos educativos.
No obstante, la propuesta enfrenta una fuerte oposición en el Congreso, donde algunos sectores han expresado preocupación por la posibilidad de tomar decisiones laborales basadas únicamente en una denuncia; este aspecto ha frenado las discusiones, generando un impasse en la agenda legislativa que amenaza la viabilidad del proyecto.
La iniciativa tiene antecedentes en el Congreso, donde propuestas similares fueron archivadas en dos oportunidades durante el cuatrienio anterior (2018-2022) sin lograr el respaldo necesario.
En el actual periodo legislativo, el proyecto fue retomado en el Senado, impulsado por los senadores Pedro Flórez, Fabio Amín, Paloma Valencia, Gustavo Moreno, Alex Flórez, y los representantes Tamayo y Díaz Mateus, sin embargo, la apretada agenda de la Comisión Primera retrasó su primer debate, resultando en un nuevo archivo.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, en 2023 se registraron 19.192 denuncias de delitos sexuales contra menores, reflejando una reducción del 8,07% respecto al año anterior.
En el primer semestre de 2024, se reportaron 8.905 casos, de los cuales Bogotá concentra el 1.595, afectando principalmente a menores de 10 a 17 años. Estos datos impulsan el debate en torno a la necesidad de medidas preventivas para garantizar la protección de los derechos de la infancia en Colombia.
