La Procuraduría General de la Nación emitió una nueva circular dirigida a los directores generales y miembros de los consejos directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y de Desarrollo Sostenible, con el fin de recordar su obligación de respetar y facilitar el ejercicio del control político por parte del Congreso de la República.
En cumplimiento de su función de vigilancia preventiva, exhorta a las autoridades ambientales regionales a atender de manera oportuna, veraz y diligente los requerimientos de información, citaciones a debates, cuestionarios y solicitudes realizadas por senadores y representantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 de la ley 5ª de 1992.
La circular también advierte que la autonomía administrativa, financiera y funcional que caracteriza a las CAR no las exime de rendir cuentas ni de atender las citaciones del Congreso, órgano encargado del control político conforme a la Constitución Política.
“El control político del Congreso constituye una manifestación de los principios democráticos de separación y equilibrio de poderes, y garantiza la soberanía popular a través de sus representantes”, señala el documento.
Finalmente, el ente de control recordó que el Acuerdo de Escazú, ratificado por Colombia, refuerza el principio de acceso a la información ambiental, obligando a las autoridades públicas, incluyendo las CAR, a suministrar toda la información solicitada sobre decisiones y procedimientos ambientales, particularmente cuando provienen del órgano legislativo.
