La Procuraduría General de la Nación planteó la importancia del diálogo entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales para concertar y evaluar acciones en contra de la violencia que afecta a todo el país, y que se ha ensañado especialmente contra los miembros de la población LGBTIQ+.
En su propuesta, el Ministerio Público señaló que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, junto con las demás entidades y autoridades concernidas, deben aunar esfuerzos para enfrentar eficazmente el aumento de crímenes y delitos contra esta comunidad.
Puntualmente, se refirió al departamento de Antioquia donde, en lo corrido de este año han sido asesinadas al menos 15 personas LGBTIQ+, y citó que uno de los casos es el repudiable feminicidio de Sara Millerey, una mujer trans de 32 años, que fue asesinada recientemente al norte de Medellín, en un crimen que ha conmocionado al país.
Estos planteamientos del ente de control fueron expuestos durante la jornada de trabajo que convocó la Defensoría del Pueblo en la capital antioqueña, este 29 de abril de 2025, para buscar soluciones a esta problemática social.
En este espacio, el Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos expresó la decisión indeclinable del órgano de control para activar las funciones preventivas, disciplinarias y de intervención judicial que sean necesarias, con el fin de erradicar estas formas de violencia y eliminar las barreras institucionales existentes para el acceso de las personas LGBTIQ+ a la protección estatal.
Para la Procuraduría es imperioso que los servidores públicos asuman una postura de protección a los derechos humanos y de respeto frente a los grupos LGBTIQ+, de tal manera que se erradiquen los prejuicios, la indiferencia y hasta el desprecio con la que, en numerosas ocasiones, abordan el ejercicio de sus atribuciones frente a esta población.
