Un giro sustancial en la regulación del final de la vida quedó establecido con la expedición de la Resolución 813 de 2026 por parte del Ministerio de Salud, normativa que redefine el alcance del derecho a morir dignamente en Colombia y flexibiliza las condiciones para acceder a la eutanasia dentro del sistema sanitario.
La disposición elimina la restricción que circunscribía este procedimiento exclusivamente a pacientes en fase terminal. Desde ahora, también podrán solicitarlo personas con enfermedades graves e incurables que generen sufrimientos intensos, aun cuando no se encuentren en etapa final de vida, ampliando así el espectro de quienes pueden ejercer este derecho.
El nuevo marco normativo va más allá de la eutanasia e integra de manera expresa los cuidados paliativos y la adecuación de los esfuerzos terapéuticos, permitiendo suspender o no iniciar tratamientos que resulten desproporcionados o carentes de beneficio para el paciente.
En cuanto a la toma de decisiones, la resolución establece criterios más precisos sobre el consentimiento informado y regula situaciones en las que el paciente no puede manifestar su voluntad. En estos casos, introduce figuras como el consentimiento sustituto y los apoyos interpretativos, que permiten considerar expresiones previas del paciente.
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La norma refuerza la autonomía individual al establecer que las decisiones sobre el final de la vida deben fundamentarse en la voluntad del paciente, su concepto de dignidad y su percepción del sufrimiento, por encima de otros criterios.
Finalmente, redefine el rol de los comités del sistema de salud: los comités de ética hospitalaria asumirán una función consultiva en decisiones complejas, mientras que los comités interdisciplinarios de eutanasia tendrán la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los requisitos para autorizar el procedimiento.
