La Procuraduría General de la Nación inhabilitó por ocho años al exconcejal de Medellín Juan Carlos Upegui para ejercer cargos públicos, una decisión fundamentada en los mismos argumentos que llevaron al Consejo de Estado a declarar nula su elección al Concejo.
La sanción está relacionada con la designación de su padre, Carlos Alberto Upegui Mejía, como rector encargado de la Institución Educativa San Lorenzo de Aburrá meses antes de las elecciones de 2023. Según la Ley 617 de 2000, esta circunstancia configuró una inhabilidad, ya que quienes aspiren a cargos de elección popular no pueden tener familiares que ejerzan autoridad administrativa en el municipio durante el año previo a los comicios.
La procuraduría me acaba de inhabilitar 8 años para ejercer cargos públicos por ser hijo de un profesor, nunca se había producido un fallo así. El uribismo usa esta entidad como una arma política para eliminar sus adversarios. Apelaremos la decisión y seguiremos luchando para…
— Juan Carlos Upegui (@JuanCaUpeguiV) November 25, 2024
“El señor Upegui Vanegas se posesionó pese a encontrarse inhabilitado con lo cual incurrió en la falta disciplinaria gravísima contenida en el artículo 56 de la Ley 1952, utilizando como norma de remisión el artículo 40 de la Ley 617 de 2000. Indicando que el padre del disciplinable el señor Carlos Alberto Upegui Mejía ejercía autoridad administrativa en el municipio de Medellín. La falta imputada fue calificada como gravísima con culpa gravísima”, señala uno de los apartes de la decisión de la Procuraduría.
Desde su llegada al Concejo por el estatuto de oposición tras las elecciones que dieron como alcalde a Federico Gutiérrez, la elección de Upegui enfrentó cuestionamientos legales. En julio, el Tribunal Administrativo de Antioquia anuló su elección, decisión ratificada en octubre por el Consejo de Estado, lo que obligó a su salida del cargo y a su reemplazo por Camila Gaviria, del movimiento Creemos.
Por su parte, Upegui, principal aliado político del exalcalde Daniel Quintero, calificó el fallo de la Procuraduría como inédito y aseguró: “apelaremos la decisión y seguiremos luchando para recuperar los derechos políticos”. Su defensa sostiene que su padre no ejerció autoridad administrativa en la institución educativa, lo que, según ellos, invalidaría la sanción.
