En desarrollo de su función preventiva, la Procuraduría General de la Nación no encontró hechos o situaciones irregulares para solicitar a la Registraduría Nacional del Estado Civil la suspensión de la actividad contractual para seleccionar al operador logístico que se encargará de atender el proceso electoral programado para lo que resta de 2021 y el 2022.
Así lo dio a conocer el Ministerio Público, al reiterar que el control preventivo no implica la coadministración ni la injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades estatales o de los particulares que ejercen funciones públicas.
“De tal forma que la Procuraduría no expide conceptos, avales o aprobaciones frente a documentos producidos o actuaciones desplegadas por los sujetos de la vigilancia, y en este caso, es la Registraduría la encargada de decidir si continúa o no con ese proceso de selección”.
En respuesta remitida a tres de los participantes en el proceso de selección, Cadena S.A., Servientrega S.A. e Internexa S.A., precisó que hasta el momento no se han advertido riesgos evidentes que podrían generar una vulneración del ordenamiento jurídico o detrimento del patrimonio público, que justifique solicitar la suspensión del proceso contractual “sin poner en peligro que se adelanten en forma oportuna unas elecciones transparentes, pilar de nuestra democracia”.
El órgano de control subrayó que ha ejercido su función de control preventivo mediante la formulación de observaciones a los pliegos de condiciones, que fueron resueltas por la Registraduría dentro de su autonomía y competencia, al ser la responsable de la dirección y manejo de la actividad contractual.
Igualmente, en varias oportunidades exhortó a la entidad contratante para que adoptara las medidas tendientes a garantizar que los procesos contractuales contaran con los recursos y los tiempos suficientes, para cumplir los fines estatales y asegurar la efectiva prestación del servicio público.
Recordó que realizó diferentes recomendaciones y observaciones relacionadas con el principio de planeación, en las que advirtió “la necesidad de mitigar los riesgos que se podían estar presentando entre el cronograma electoral y la gestión contractual de la entidad”.
También lideró diversas mesas de trabajo con funcionarios de la Registraduría, donde recordó la necesidad de observar los principios de economía y planeación, para garantizar el cumplimiento del cronograma electoral.
Recalcó que en su debido momento se realizaron un poco más de 50 observaciones a los pliegos de condiciones en aspectos técnicos, a partir de un informe elaborado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría.
“La suspensión del proceso contractual en estos momentos podría tener implicaciones en el principio de planeación, que afectaría el objeto contractual que se pretende ejecutar y, por tanto, en la prestación del servicio atinente a garantizar las elecciones, que ya cuentan con un calendario que debe cumplirse”.
En diciembre próximo se llevarán a cabo las elecciones a los consejos municipales y locales de juventud, mientras que en 2022 se efectuarán las votaciones para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República, así como a los miembros del Congreso.
