El Ministerio de Justicia informó que el Gobierno nacional puso en marcha un plan de contingencia en 15 cárceles del país para modernizar las redes de comunicación al interior de los establecimientos penitenciarios y restringir las llamadas extorsivas y actos de criminalidad que se originan desde las prisiones.
Según la información oficial, la iniciativa responde a denuncias sobre la comunicación irregular desde centros carcelarios. El ministro de Justicia, Andrés Idárraga Franco, aseguró que durante más de una década ningún gobierno priorizó el mantenimiento y la actualización de los sistemas de comunicación en los penales, lo que facilitó el uso de dispositivos para cometer delitos como extorsión desde el interior de las cárceles.
“Vamos a iniciar en 15 cárceles dándole prioridad a Cómbita, La Dorada y Valledupar”, dijo Idárraga Franco, al explicar que las mejoras tecnológicas y la modernización de las redes buscan frenar de manera efectiva las llamadas ilegales. El funcionario reiteró que no se permitirá la extorsión desde los centros de reclusión.
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Actualización tecnológica y medidas de control en centros penitenciarios
El plan consiste en modernizar las redes de comunicación y establecer mecanismos de control que impidan el uso de líneas telefónicas no autorizadas o dispositivos que faciliten la comisión de delitos desde las cárceles. Las autoridades señalaron que los trabajos de actualización tecnológica comenzarán en penales priorizados por su alta incidencia de comunicaciones ilícitas.
La estrategia incluye, entre otros componentes, la instalación de tecnologías que permitan filtrar o bloquear señales no autorizadas, así como acciones de control dirigido en conjunto con operadores y entes de supervisión del sector.
Avance de la “Ley SIM Card” para reforzar medidas contra extorsiones
Paralelamente, en el Congreso de la República avanza un proyecto conocido como “Ley SIM Card”, que busca regular y controlar la venta, activación y uso de líneas móviles con el fin de enfrentar las extorsiones que se originan desde las cárceles y en otros escenarios delictivos.
La propuesta legislativa plantea medidas más estrictas sobre la entrega y uso de chips telefónicos, así como mecanismos de identificación y trazabilidad de los usuarios, para reducir la oferta de líneas anónimas vinculadas a actividades ilegales. El proyecto ha tenido avance en las comisiones respectivas y es visto por algunos sectores como un complemento necesario para las acciones tecnológicas en los centros penitenciarios.
El Gobierno y las autoridades del sector justicia han manifestado que estas acciones coordinadas buscan proteger a los ciudadanos, disminuir la incidencia de extorsiones y fortalecer la seguridad pública, mediante la articulación de medidas tecnológicas, legales y de control sobre las comunicaciones.
