Al no ser incluida para discusión en el Senado, en este último día legislativo, la ley estatutaria de educación se hunde en el Congreso de la República.
El jueves 20 de junio de 2024 finaliza la segunda legislatura, razón por la cual los congresistas se encuentran en maratónicos debates de los últimos proyectos.
Sin embargo, la reforma a la educación impulsada por el Gobierno nacional quedó por fuera de la agenda del orden del día, sin que exista la posibilidad de ser tenida en cuenta en sesiones extraordinarias, por su naturaleza de estatutaria.
La ministra de Educación, Aurora Vergara, había planteado que de hundirse, perderían el trabajo de más de un año, en el que “hemos hecho audiencias públicas y escuchado a muchas personas”.
Esta situación fue tomada con beneplácito por Fecode que convocó este 19 de junio al segundo día de toma de Bogotá, en la que participan docentes de todo el país.
Como se recordará, el sindicato nacional de educadores denunció que el magisterio no fue consultado durante el desarrollo del proyecto de ley y que fueron incluidos algunos ‘micos’ que van en contravía con el derecho a la educación pública.
Uno de los puntos más controvertidos es la inclusión de la educación terciaria y mixta, así como la introducción de bonos escolares.
La senadora María José Pizarro, ponente de la iniciativa de la bancada de Gobierno, aseguró que “la ley estatutaria de educación, con esta decisión de la oposición, está prácticamente hundida. No fueron incluidos y también importantes iniciativas del Gobierno, como la ley estatutaria de jurisdicción agraria y el cupo de endeudamiento”.
Los educadores colombianos consideran que los esfuerzos hechos por más 32 años por el movimiento pedagógico y Fecode, han retrocedido por la enmienda a la reforma estatutaria de la educación que cursa en el Congreso de la República, asegurando que esta, atenta contra la educación pública administrada y financiada por el Estado, mostrando desacuerdo en los siguientes puntos:
No hay garantía de la financiación para la educación pública.
Retroceso en los esfuerzos porque la educación pública sea administrada directamente por el Estado.
Creación de bonos escalares o vouchers.
Reducción de la educación a un servicio esencial, significa que no habrá derecho a huelga o movilización, ni ninguna actividad de protesta.
Desconocimiento del preescolar de tres grados.
Desconocimiento a la libertad de cátedra y autonomía institucional.
Subordina la evaluación docente a los resultados de las pruebas externas (Pruebas Saber).
Cerca de 10 millones de estudiantes de instituciones públicas de todo el país están a la expectativa del anuncio de retorno a clases por parte de Fecode, tras dos semanas de paro.
