Este jueves 29 de junio marcó la entrada en vigencia de la tan esperada Ley de Garantías de 2023, la cual establece una serie de restricciones para las administraciones públicas, incluyendo Gobernaciones y Alcaldías. Esta ley es activada previo a las elecciones que se llevarán a cabo en octubre de 2023, donde se elegirán Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles.
El principal objetivo de esta ley es garantizar la igualdad de condiciones para todos los candidatos que cumplan con los requisitos legales, regular la participación en política de los servidores públicos, establecer las garantías para la oposición y establecer prohibiciones durante el período previo a las elecciones presidenciales, legislativas y territoriales.
A partir de este jueves, los funcionarios públicos se ven sometidos a una serie de prohibiciones, con el fin de evitar cualquier tipo de ventaja indebida o uso de recursos públicos para fines proselitistas. Entre las principales restricciones se encuentra que los funcionarios públicos no podrán celebrar convenios interadministrativos destinados a la ejecución de recursos públicos.
Queda prohibido participar, promover o destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, o de las entidades en las que participen como miembros de sus juntas directivas, a reuniones de carácter proselitista, la autorización de la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas.
Además, no podrán inaugurar obras públicas ni dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a cargos como Gobernadores, Diputados, Alcaldes Municipales o Concejales Municipales o Distritales. Esta restricción también aplica a los voceros de los funcionarios, ni facilitar el alojamiento ni el transporte de candidatos a cargos de elección popular o de sus voceros.
Asimismo, se les prohíbe la modificación de la nómina de la entidad, excepto en casos de provisión de cargos por faltas definitivas con motivo de muerte o renuncia irrevocable debidamente aceptada, o cuando se apliquen las normas de carrera administrativa.
Es importante destacar que el incumplimiento de estas restricciones puede conllevar sanciones y consecuencias legales para los funcionarios públicos que las infrinjan. Por tanto, se insta a todos los servidores públicos a cumplir rigurosamente con lo establecido en la Ley de Garantías de 2023, con el fin de asegurar la integridad del proceso electoral y fortalecer la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático.
