La Procuraduría General de la Nación abrió un seguimiento preventivo a la operación financiera que AIR-E S.A.S. E.S.P., actualmente intervenida, suscribió con China National Machinery Exports and Imports Corporation (CMC), mediante la cual se gestionarían recursos de hasta $1 billón para obras de renovación, expansión y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en La Guajira, Magdalena y el Atlántico.
El negocio tendría un plazo de 60 meses, una tasa del 5,2 % efectivo anual y un año de gracia desde la entrada en operación de las obras.
El Ministerio Público solicitó a AIR-E y a la Superintendencia de Servicios Públicos información sobre las condiciones jurídicas, financieras y patrimoniales de la operación, así como los estudios que la sustentaron. También busca establecer si la negociación requería autorización previa de la Superintendencia y cuál sería su impacto sobre el endeudamiento, flujo de caja y capacidad de pago de la empresa.
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La revisión incluirá los proyectos a financiar, sus costos y prioridades, además de sus posibles efectos en la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio y en las tarifas.
La Procuraduría aclaró que no cuestiona la necesidad de invertir en la infraestructura eléctrica, sino que pretende verificar que la operación proteja el patrimonio de AIR-E y su sostenibilidad, especialmente ante eventuales cambios en su operación empresarial.
La empresa y la Superintendencia deberán entregar la documentación requerida en un plazo de cinco días hábiles.
