La jueza de ejecución de penas de Justicia y Paz, Luz Marina Zamora, concedió libertad condicionada por 4 años al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien llegó deportado a Colombia desde Estados Unidos, el pasado 27 de febrero, después de pagar 16 años de cárcel por narcotráfico y lavado de dinero.
Pese a la anterior decisión judicial, Mancuso no quedará en libertad inmediata, pues contra él pesan 35 medidas de aseguramiento y deberá esperar a que se surtan todos los procesos que tiene pendiente con la justicia colombiana por miles de crímenes cometidos cuando lideraba las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En este primer sentido de fallo en audiencia realizada en Bogotá, de acuerdo con lo solicitado por la defensa de Mancuso para poder cumplir con la designación de su rol de gestor de paz, se le prohíbe desplazarse a ciertas zonas del país, en especial en aquellas en las que se concentró su accionar criminal cuando fue exjefe paramilitar. Quedaría limitado para los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, Norte de Santander y La Guajira, es decir, todos los municipios de la costa Atlántica.
La limitación también se extiende a los municipios antioqueños de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartadó.
El exlíder paramilitar fue designado gestor de paz por el presidente Gustavo Petro para mediar con el Clan del Golfo, grupo heredero de las AUC con el que el Gobierno intentó comenzar unos diálogos de momento frustrados.
El excomandante de las AUC tiene otras cuentas pendientes, entre ellas una acusación de abril de 2023 de haber cometido 4.071 crímenes que dejaron 6.552 víctimas en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Santander y Sucre.
Entre ellos, contabilizan 1.116 homicidios, 2.023 casos de desplazamiento forzado, 371 hechos de desaparición forzada, 28 delitos de violencia basada en género, 10 de reclutamiento ilícito y 523 asociados a otros delitos.
Además en el Tribunal de Justicia y Paz, el Tribunal Superior de Bogotá imputó a Mancuso por 1.153 incidentes delictivos registrados en los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. En estos figuran 229 homicidios, 108 desapariciones forzadas y 690 hechos por desplazamientos forzados.
La Fiscalía también imputó a Mancuso por las masacres de El Aro, La Granja y Pichilín, las cuales hasta el momento no ha negado ni confirmado.
A su llegada a Colombia, Mancuso fue recluido en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá.